El Ayuntamiento de Orihuela asume desde hace dos años y medio la gestión de las basuras con una maquinaria que ni es suya ni ha pagado un euro por ella. Sencillamente, la explota y utiliza por «interés general». Esta semana, el grupo popular criticaba el progresivo deterioro de los equipos que se utilizan, lo que ha generado que Orihuela, las pedanías o la costa «estén sucias», sentenciaba el edil David Costa (PP).
Los servicios jurídicos de Sufi, una de las tres empresas que formaban la UTE Orihuela Capital de la Vega Baja (junto a Liasur y Gobancast) encabezan la reclamación al Ayuntamiento y exigen 12 millones de euros en los juzgados por la liquidación del contrato en un procedimiento que, según confirmó el diario, el equipo de gobierno está tratando de dilatar al máximo para intentar llegar al final de la legislatura sin que le salpique una sentencia que le obligará a una millonaria indemnización cuando lo cierto es que el alcalde, Monserrate Guillén (Los Verdes), lleva defendiendo desde que municipalizaron de forma provisional el servicio que ahora es más barato. Él, evidentemente, no cuenta que la maquinaria no le ha costado un euro a día de hoy (sólo pagan por las reparaciones), pero algún día sí tendrán que abonarlo. De esos 12 millones de euros, más de la mitad de la reclamación corresponden a la maquinaria; el resto, a facturas pendientes de pago (4 millones), servicios extraordinarios, podas o algas. INFORMACIÓN intentó ayer sin éxito conocer la opinión del concejal de Aseo Urbano, Manuel Gallud (Los Verdes) sobre los motivos por los cuales no se ha resuelto al cabo de dos años y medio la liquidación, de dónde se pagará la sentencia (que evidentemente dará la razón a los recurrentes, aunque el Ayuntamiento discrepa y mucho de la valoración que estos hacen) y si es cierto que la ciudad, la costa y las pedanías están sucias, como asegura David Costa.
Brugal
Pero además de esta reclamación, Urbaser, está exigiendo en otro proceso otros 6 millones de euros, en fase de ejecución de sentencia, después de que se declarara su derecho a ser indemnizada tras la anulación de la anterior adjudicación en su favor, que el PP echó atrás en 2007 al poco de llegar Mónica Lorente a la Alcaldía y después de que el anterior regidor, José Manuel Medina (ambos del PP), paralizara el procedimiento al poco de estallar las grabaciones a políticos que dieron origen al «caso Brugal» y en las cuales se detallaban supuestos sobornos de las aspirantes para beneficiarse de la adjudicación.
