La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el Ayuntamiento de Catral para pedir a la justicia que tumbe la ordenanza aprobada por el tripartito que gobierna la localidad (Alternativa por Catral, Socialistas de Catral y PSOE) que posibilita que algunas de las casas ilegales de la huerta construidas sin licencia de edificación puedan conseguir ahora cédulas de segunda ocupación.
El grupo popular de Catral anunció ayer a través de un comunicado que el recurso presentado ha sido admitido a trámite y mantiene que la ordenanza aprobada con la abstención de la oposición del PP vulnera la legislación. Los populares dicen que esta ordenanza se aprobó «sin ningún informe técnico, ni jurídico que diera soporte legal» al apartado que recoge esa posibilidad, aunque desde el tripartito defienden que esa disposición está aprobada y en funcionamiento en otros municipios de Comunidad. La oposición del PP recuerdó que siempre han mantenido que solucionar el problema de las viviendas ilegales (más de 1.400) pasaba por la aprobación de un nuevo PGOU. A este respecto, apuntaron que no están de acuerdo con las recientes declaraciones de la concejala de Urbanismo, Asunción Salinas, de iniciar la redacción de un nuevo Plan General «sin crear un metro de suelo» porque «pensamos que Catral tiene muchas necesidades urbanísticas y sin crear suelo no se pueden dar respuesta a las mismas».
