Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La Diputación reniega de asesorar a la Mancomunidad en plena crisis por las deudas

La institución advierte de que no seguirá prestando asistencia jurídica a la entidad

La Diputación de Alicante no seguirá prestando asistencia jurídica a la Mancomunidad de Promoción Económica de la Vega Baja durante el proceso de disolución de esta entidad, que nació para impulsar la economía de la comarca y que ha acabado con un agujero contable de más de 1.424.000 euros y con varias causas en los juzgados, entre ellas la reclamación de los 11 extrabajadores que fueron despedidos de forma improcedente y que todavía no han cobrado sus indemnizaciones.

Aunque el pleno de la entidad ya ha acordado las cantidades que deberá de abonar cada uno de sus socios para poder echar el cierre y que sean los consistorios los que hagan frente a las deudas, lo cierto es que no hay un acuerdo unánime entre sus componentes porque por ejemplo Redován mantiene que dejó de ser socio en 2012 y se niega a pagar y San Miguel de Salinas no reconoce parte del montante final que se le atribuye. Como consecuencia de todo ello y previendo que este tema va camino de acabar en una complicada batalla judicial, la Diputación ha optado por renunciar a disponer su gabinete jurídico para intentar llegar a soluciones porque «no existe una posición unánime» entre los miembros de este ruinoso club y al concebir un posible «conflicto de intereses» en las denuncias que se crucen sus componentes.

«Conflicto de intereses»

El informe de la Diputación en el que se aborda este asunto está fechado el 3 de noviembre y en él se aborda el «conflicto de intereses» del ente provincial «para la representación y defensa jurídica de la Mancomunidad y los Ayuntamientos que la componen», que son los de Algorfa, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, Los Montesinos, San Isidro, San Miguel de Salinas, San Fulgencio y Redován. El documento recoge que la institución provincial no puede defender a la Mancomunidad en los procesos judiciales de los extrabajadores que reclaman sus indemnizaciones, ni en el contencioso-administrativo de Redován para dirimir si pertenece o no a este ente. Por todo ello, les invita a buscar sus propios letrados y diseñar su defensa jurídica en las distintas causas abiertas.

Lo cierto es que las relaciones entre la Diputación y la Mancomunidad se tensaron desde que el ente provincial propuso que uno de sus interventores supervisara las cuentas de la entidad en quiebra durante el proceso de disolución, una propuesta que finalmente no acabó en acuerdo.

Una prueba de la tensa relación que se vive en el seno de la Mancomunidad es que el pasado miércoles se celebró un pleno para informar del proceso que se sigue para liquidar el ente y no asistieron los representantes de Redován, Bigastro y San Fulgencio, siendo estos dos últimos los que más dinero adeudan. En dicha reunión se expuso que ya se ha girado a los Ayuntamientos las cuotas liquidatorias provisionales aprobadas del presupuesto 2014 por importe de 1.037.512 euros, así como el reclamo de las cuotas pendientes del ejercicio 2012 y anteriores, que suman otros 386.728 euros. Asimismo, se aprobó iniciar la venta de bienes muebles de la entidad en una futura subasta y también se informó que la Mancomunidad ha solicitado un recurso para pedir al juzgado que no se admita a trámite el contencioso que Redován ha interpuesto y que resolverá si tiene o no que pagar la deuda, un contencioso que según el presidente en funciones de la Mancomunidad, Antonio Tomás Mateo, se interpuso contra todos los municipios que la integran y no contra la Mancomunidad en sí.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats