El juzgado ha concluido la investigación de la cesión municipal suelo calificado como zona verde a un empresario para construir naves industriales a cambio de la adquisición irregular de un local en el centro y ha abierto la fase de procedimiento abreviado, previa al señalamiento del juicio, en la cual las partes personadas tendrán que presentar sus escritos de calificación de los hechos.
El juzgado de Primera Instancia 3 estima que el exalcalde socialista José Joaquín Moya, los empresarios José Pérez Moya y Javier Fernández, el exsecretario municipal Antonio Saseta pueden haber cometido los delitos de prevaricación, fraude, información privilegiada y falsedad documental. Según la investigación, el Ayuntamiento autorizó la permuta de un suelo calificado como zona verde en el polígono industrial ZV3 de Bigastro a cambio de obtener un local en la calle La Purísima para sacarlo a subasta y que se instalara un negocio que dinamizara esta zona del centro.
Las diligencias indican que la permuta se realizó sin remitir la documentación que reclamó la Generalitat y describe una serie de acuerdos previos a la permuta y pagos posteriores supuestamente irregulares con dinero público entre el alcalde y los dos empresarios implicados. El juzgado resuelve el archivo de la causa sobre una técnico municipal y un ingeniero externo.
Este asunto es el que desencadenó en noviembre 2008 la Operación Bigastro, con la detención del entonces primer edil y su dimisión, aunque la investigación de su gestión en el Ayuntamiento derivó en al menos otra media docena de causas, algunas por las que ha sido juzgado y condenado a penas de inhabilitación.
