Ángel Sáez, alcalde de San Miguel de Salinas, municipio de 7.000 habitantes, firmó el pasado 7 de agosto un edicto para crear, modificar o suprimir los ficheros de carácter personal de los vecinos del municipio. Uno de los nuevos es el fichero SIUSS, cuya finalidad es la gestión de la ficha de los demandantes de asistencia social dentro del Sistema de Información de Usuarios, en cuya estructura básica incluye información tan personal de los demandantes como «origen étnico o racional, salud» o «vida sexual», y otros relativos a la comisión de infracciones, tanto penales como administrativas. Todo ello junto a los datos clásicos de nombre, dirección, teléfono, características personales, circunstancias sociales, datos académicos, profesionales y laborales.
La decisión del alcalde se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia hace un par de meses, donde se explica que el origen de estos datos deberá ser aportado por los propios demandantes de estos Servicios Sociales. El asunto saltó ayer a la luz pública a través de un colectivo de vecinos del municipio, la Asociación San Miguel Arcángel, que denunció este edicto después de solicitar, sin éxito alguno, que el regidor lo retirara. Ante esta situación, ha presentado una queja formal en el Ayuntamiento. No sólo este colectivo está en desacuerdo con el hecho de que los ciudadanos tengan que facilitar datos sobre su color de piel, sus apetencias sexuales o sus antecedentes penales cuando lo que están solicitando es, precisamente, una ayuda para poder vivir, sino que también consideran que el procedimiento de aprobación no era tan sencillo como el haber firmado en pleno agosto el edicto, sino de haberlo sometido a estudio y debate en un pleno, aunque el Partido Popular tiene la mayoría.
Derecho
Los ficheros no sólo abordan quién tiene derecho a solicitar una ayuda y qué datos tiene que facilitar a la administración local como paso previo para que se le tramiten, también aborda sanciones y multas; licencias; agua y alcantarillado; basura; registro de entrada/salida; padrón de habitantes; o actividades e intereses patrimoniales de los concejales. En su mayoría, sin grandes requisitos ni datos que se solicitan a los vecinos. El caso más espinoso, sin duda es el SIUSS, «la asociación considera que, tanto el contenido como el uso de ficheros como estos exceden a la finalidad de los mismos, que es la prestación de ayuda social a las personas necesitadas», asegura en una nota, al tiempo que añade que «los mismos pueden vulnerar derechos constitucionales fundamentales de las personas como el del honor e intimidad personal y familiar. Con estos usos y contenidos parece que se pretenda criminalizar a los pobres y los Servicios Sociales se conviertan en una sucursal más de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». El portavoz del equipo de gobierno del PP, Sergio Correas, dijo ayer a INFORMACIÓN que desconocía este asunto y remitió a la edil Basilia Valero, quien no atendió a la llamada de este diario.
En cualquier caso, el equipo de gobierno del Parido Popular sí debe saber de este asunto por la queja de la asociación y por su alegación relativa a cómo se han aprobado estos ficheros. «Los ficheros de datos de carácter personal de las Administraciones públicas, según la Ley de Protección de Datos, deben aprobarse por el pleno municipal, y no por edicto de la Alcaldía, mediante la correspondiente ordenanza. Las ordenanzas municipales, una vez aprobadas inicialmente por el pleno municipal, deben someterse a información pública y a un período de alegaciones», recordaban desde el colectivo vecinal que encabeza Manolo Gómez.
La asociación reitera que hace un mes, de forma infructuosa, se propuso la retirada del edicto de alcaldía y el inicio de un procedimiento abierto de participación pública para la creación de los ficheros, como establece la legislación vigente. «Resulta evidente que la democracia y transparencia en nuestro municipio brilla por su ausencia», concluyen la nota que dieron ayer a conocer.
