La exalcaldesa de San Fulgencio Trini Martínez declaró en el Juzgado de Lo Penal Número 1 de Orihuela que durante su mandato «no sabía que se estaban vendiendo los apartamentos de la residencia» que se construyó en una zona reservada a equipamiento deportivo y que estaba concebida solo para albergar un alojamiento para deportistas. La exregidora declaró ayer acusada de un delito contra la ordenación del territorio y otro delito continuado de prevaricación por autorizar la construcción de este complejo de 98 viviendas que solo se podían destinar a un uso vinculado a la actividad deportiva pero que acabaron vendiéndose como pisos particulares en pleno boom urbanístico. La Fiscalía solicita una pena de dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para Martínez.
La de ayer fue la segunda sesión del juicio en el que también comparecen como imputados otros concejales que también autorizaron las licencias para levantar el polémico proyecto, como José Mora, Teresa Terrés, Luisa Alberola, Mariano Martí y Simone Elster, así como tres funcionarios para los que la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 8 y 10 años de inhabilitación para cargo público y entre seis meses y dos años de prisión. La primera en declarar fue la exregidora, que durante todo el interrogatorio del fiscal se escudó en que todo lo que su gobierno aprobó para facilitar la construcción del complejo estaba «avalado por informes técnicos».
«El dueño, un conocido»
La exregidora admitió que conocía al dueño del terreno en el que se construyeron las viviendas, Johannes Lodewijk, pero dijo que no eran amigos porque su única relación radicaba en que éste impartía clases de tenis en el colegio al que asistía su hijo, pero rechazó que se hubiera reunido con él para hablar del proyecto. El fiscal le recordó que el ingeniero industrial del Ayuntamiento, Félix Romero, emitió un informe en relación a la solicitud cursada para pedir vía libre al complejo deportivo e informó de forma desfavorable a la construcción de los apartamentos porque «se ajustaban más bien al uso hostelero y turismo». Pues bien, ese técnico fue despedido poco después, según Martínez «porque se había cumplido su contrato», negando que el cese de su relación laboral se debiera al sentido de su informe.
«Nosotros no teníamos ni idea de lo que se iba a hacer allí. No entramos a valorar el proyecto. Era una idea que estaban lanzando y no sabíamos cómo iba a terminar», continuó Martínez, quien apostilló que «en el Ayuntamiento no se hablaba de este proyecto». La exalcaldesa apuntó que ella «confia en lo que los técnicos dicen» y apuntó que no tiene «capacidad intelectual para interpretar» determinados informes.
Mientras, el Ministerio Fiscal sostiene que todas las licencias se tuvieron que dar condicionadas a un compromiso de indivisibilidad de la edificación de la parcela, para impedir que se pudieran vender los pisos de forma individual, la exregidora se escudó en que «nunca entendimos que eran casas» y llegó a decir que no supo que se estaban vendiendo los apartamentos, a pesar de que un vecino advirtió de este hecho por escrito y con fotos en el registro municipal.
