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Trabajo multa a Bigastro con 60.000 euros por pagar falsas cotizaciones a 45 vecinos

La Inspección sanciona al Ayuntamiento por «simular relaciones laborales» para que los beneficiarios cobraran subsidios de forma «fraudulenta»

Trabajo multa a Bigastro con 60.000 euros por pagar falsas cotizaciones a 45 vecinos

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado al Ayuntamiento de Bigastro con 60.000 euros por simular la contratación de 45 trabajadores con cargo al Régimen Especial Agrario entre 2002 y 2011, años en los que el consistorio estuvo dirigido por los exalcaldes socialistas José Joaquín Moya y Raúl Valerio Medina. Los inspectores consideran acreditado que se ha cometido un evidente «fraude de ley» porque la administración local pagaba las cotizaciones con dinero público pero no existen nóminas ni apuntes contables que demuestren que los supuestos empleados cobraban un sueldo y, por lo tanto, la relación laboral no era más que una «simulación». El informe que recoge estas conclusiones ha sido remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela, que investiga la existencia de una presunta trama corrupta dirigida desde el consistorio que habría permitido a los beneficiarios acceder al cobro de prestaciones como el paro, ayudas familiares o sociales e incluso pensiones de jubilación.

Las actuaciones de comprobación realizadas por los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que en el último año han citado a comparecer a los 45 jornaleros que se beneficiaron de las cotizaciones «fantasma», han determinado que existen indicios suficientes que estiman «acreditada la existencia de simulación de la relación laboral entre el Ayuntamiento de Bigastro y estos trabajadores con el objeto de obtener fraudulentamente prestaciones». No obstante, el acta de infracción que impone al consistorio una sanción de 60.000 euros solo tiene en cuenta los hechos que se encuentran no prescritos, que son un total de 15. De lo contrario, la sanción se podría haber triplicado por el número de casos.

«Simulación de contratos»

En las conclusiones del informe que está ya en manos del juez se apunta que «partiendo de la simulación de la actividad agraria desarrollada en el Ayuntamiento, pasando por la simulación de los contratos y altas en Seguridad Social de los supuestos trabajadores, se trata de dar una apariencia de legalidad» para poder «permanecer» en el sistema social agrario, que exige un numero mínimo de jornadas reales declaradas al año, sin las cuales, no es posible continuar en el citado sistema especial, ello con el fin de «acreditar periodos de carencia» para tener «acceso a distintas prestaciones de Seguridad Social».

Las cotizaciones satisfechas se extienden en periodos que se interrumpen desde el 1 de noviembre de 2002 hasta el 29 de junio de 2011 a pesar de que no existe una relación contractual que justifique estos pagos por trabajar supuestamente en fincas agrícolas municipales. Las presuntas prácticas fraudulentas comenzaron así en noviembre de 2001, cuando gobernaba el exalcalde José Joaquín Moya y siguieron tras su detención y posterior dimisión, cuando accedió a la Alcaldía su sucesor, Raúl Valerio Medina, quien desempeña hoy el cargo de portavoz de la oposición y diputado provincial del PSOE. Durante el mandato de este último, entre noviembre de 2008 y mayo de 2011 se tramitaron 13 nuevas altas y se mantuvieron otras 17 de la etapa de su antecesor en el cargo. En total, más de 750 meses de falsas cotizaciones de las que un 92% correspondían a mujeres de avanzada edad que podrían estar hoy cobrando sus pensiones de jubilación, tal y como atestiguan las altas y bajas que han quedado registradas en los archivos de la Seguridad Social. En ocasiones los periodos de cotización abarcaban solo unos pocos días y en otros se recogen temporadas ininterrumpidas de hasta 5 años.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela inició esta investigación a raíz de una denuncia que le trasladó la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2013 al considerar que existían indicios de delito en la contratación de estos supuestos jornaleros. El juez que instruye el caso ordenó en agosto del pasado año al Ayuntamiento que pusiera a su disposición toda la documentación existente relativa a esta presunta trama corrupta. Un informe de la Hacienda municipal concluyó que los responsables políticos y posibles funcionarios que orquestaron o pasaron por alto estas prácticas fraudulentas pudieron cometer posibles delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacción legal, por lo que el Ayuntamiento está personado como acusación particular en todo este procedimiento.

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