La Generalitat permitirá legalizar las cerca de 1.400 casas ilegales que se encuentran diseminadas en la huerta de Catral con la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aborde en exclusiva la situación de las viviendas. Así lo informó ayer el Ayuntamiento gobernado por el tripartito de Socialistas de Catral, Alternativa por Catral y PSOE, cuyos gestores se han reunido con responsables de la Dirección General de Territorio para intentar encontrar una solución al desaguisado urbanístico que reina en el término municipal.

Fuentes del gobierno local explicaron ayer que la Generalitat ha dado el visto bueno a que se aborde una solución a este problema con una modificación del PGOU para incluir solo las viviendas levantadas en suelo rústico «sin crecer ni un solo metro de suelo urbano ni de suelo industrial». ¿Y bajo qué figura urbanística se desarrollará este proceso de legalización? Eso es algo que aun no pueden responder, pues apuntan que primero tienen que presentar un documento que explique dónde está cada una de las viviendas ilegales y cuál ha sido su incidencia para con el medio ambiente, y en base a eso, se valorará cómo se puede realizar este procedimiento. Lo que sí está claro es que los gestores municipales se comprometieron a presentar un primer borrador en un máximo de 20 días.

Otro de los asuntos que se abordaron en dicha reunión y que desde el tripartito valoran como muy positivo es que la Conselleria del área facilitará al Ayuntamiento certificaciones de la situación de todos los expedientes abiertos a los dueños de las viviendas que cometieron infracciones urbanísticas al levantar casas ilegales en plena huerta. Este hecho servirá para que los munícipes ya no tengan que dirigirse al Consell para acceder a estos expedientes puesto que esa información obrará en poder del consistorio, lo que «ahorrará tiempo a los afectados y brindará al Ayuntamiento la posibilidad de «actuar con mayor seguridad jurídica cuando tenga que certificar la situación urbanística de una vivienda».

Ese último cambio traerá además otra novedad. Y es que el Ayuntamiento impulsó una ordenanza para regular la expedición de licencias urbanísticas y afines que sentó las bases para que cientos de propietarios de viviendas de la huerta construidas fuera de ordenación durante la última década puedan obtener las ansiadas licencias de ocupación. Uno de los requisitos para participar en este proceso es que los expedientes de infracción urbanística huyan prescrito, y eso es algo que podrá comprobar ahora el propio Ayuntamiento dado que tendrá a su alcance todos los expedientes.

Desde el tripartito señalan además que la Dirección General «reconoció en todo momento y a lo largo de la reunión, la autonomía municipal en la regulación urbanística».