Cristina Serrano Mateo, titular de la plaza de tesorero en el Ayuntamiento de Orihuela, se incorporó al trabajo el viernes y en pleno escándalo sobre los gastos de la Generalitat que le salpican. Su llegada se produce de forma sorpresiva sin que el equipo de gobierno haya informado sobre la vuelta de la que es una de las «piezas» fundamentales del engranaje de cualquier Ayuntamiento y dependiente de la concejala de Hacienda y portavoz, Carolina Gracia (PSOE), quien ayer dio cuenta de otra rueda de prensa sobre la junta de gobierno sin grandes novedades. Si el 22 de julio fue la propia Gracia y el alcalde en funciones, Antonio Zapata (PSOE), los que comparecieron para anunciar que habían echado a Paco Martínez, tras 22 años como interino para poner a alguien con más «nivel técnico», ayer no lo hicieron ni para explicar esta llegada ni tampoco informar qué habían hecho con Antonio Rosique, el «fichaje» que realizaron para sustituir a éste, aunque este diario ha podido saber que, de momento sigue ligado al Ayuntamiento como técnico de la administración.
Cristina Serrano ha vuelto pero nadie en el Ayuntamiento sabe si se quedará o bien, como ha hecho durante la última década, volverá a pedir una comisión de servicio o una excedencia (si se la dan) porque es la titular de la plaza, aunque no haya estado más de un mes continuado dedicándose a ocupar cargos políticos de relevancia en Valencia de la mano de los políticos del Partido Popular.
Ayer mismo su foto aparecía en información acompañando al titular: «El control de las cajas fijas del Consell está en manos de funcionarios elegidos a dedo», pues se la vincula con la aprobación de facturas por dispendios en comidas realizadas durante la pasada legislatura en la Generalitat de la que, incluso, ella podría ser una de las beneficiadas con encargos realizados para su domicilio, de otros cuyo pago habría autorizado o bien de facturas kilométricas por el uso del taxi. Algunas fuentes aseguraban que el Ayuntamiento pretende forzar una salida a su situación y obligarla a quedarse en la plaza o bien renunciar a ella, una solución que habría partido del interventor, Fernando Urruticoechea ante la indecisión del equipo de gobierno para encajar esta nueva pieza del rompecabezas.
