El equipo de gobierno del PP está barajando la posibilidad de revocar el acuerdo de junta de gobierno por el que se aprobó el sobrecoste millonario de la obras del Teatro Municipal en febrero de 2011. Esta decisión estaría determinada por el informe presentado en abril por la secretaria municipal, previo a un pleno monográfico sobre el asunto solicitado por la oposición, en el que se indicaba que ese reconocimiento extrajudicial de créditos era materia plenaria y que la oficial mayor no fue informada de la realización de las obras fuera de presupuesto. El sobrecoste está siendo investigado por un juzgado de Torrevieja después de que la oposición del PSOE, APTCe y Los Verdes presentaran una denuncia sobre estos hechos ante el Fiscal Jefe de Alicante el pasado día 15 de septiembre. La denuncia indica que el abono de 4,5 millones -la obra costó 9 en total- se hizo con los informes desfavorables de los técnicos. Esa denuncia señala como responsables a los miembros de la junta de gobierno, presidida por el entonces alcalde Pedro Hernández y compuesta por Eduardo Dolón, Joaquín Albaladejo, Javier Montoro, José Sánchez, Eduardo Gil, Dolores Albaladejo, José Manuel Pizana y Francisco Moreno. La denuncia de la oposición, de hecho, hace constar que tras ese pleno de abril no tiene constancia de que el procedimiento de revisión de oficio del acuerdo se haya iniciado. La revocación del acuerdo no tendría un efecto sobre el pago a la empresa constructora, Acciona.
La línea roja
Los miembros de la junta de gobierno que adoptaron esa decisión dan casi por hecho que serán citados a declarar en breve al juzgado en calidad de imputados por este asunto. Algo que complicaría la presentación como candidato a la alcaldía de Eduardo Dolón y buena parte de su equipo ante el criterio del presidente Alberto Fabra de no incluir en las listas a imputados «por corrupción». Un matiz importante porque el primer edil va a defender, si finalmente se produce esa imputación, que no se trata de un procedimiento por corrupción. Ayer aseguró que la oposición ha presentado esta denuncia para «judicializar» su gestión.
