El juzgado de Instrucción 5 de Torrevieja ha abierto diligencias previas para investigar la aprobación por parte de la junta de gobierno del PP del pago de un sobrecoste de 4,5 millones de euros de las obras del Teatro Municipal con los informes en contra de los técnicos.
El procedimiento se ha puesto en marcha a instancias del fiscal jefe provincial, Jorge Rabasa Dolado, tras recibir una denuncia rubricada por la oposición (PSOE, APTCe y Los Verdes) el pasado 15 de septiembre. El Ministerio Público apreció, dos días después, que «en principio» los hechos «pudieran ser constitutivos de delito» y solicitaba al juzgado de Torrevieja la apertura de diligencias, en las que se «procederá», especifica el decreto del Ministerio Público, a citar a declarar a «quienes figuran como posibles responsables de los hechos». La denuncia señala en este sentido a los miembros de la junta de gobierno que decidieron el pago formada por el exalcalde Pedro Hernández, el actual alcalde Eduardo Dolón y el concejal y diputado de Turismo Joaquín Albaladejo, además de los ediles José Antonio Sánchez, Eduardo Gil Rebollo, Javier Montoro, Dolores Albaladejo, que ejercía como secretaria de la junta de gobierno y los delegados de área sin concejalía José Manuel Pizana y Francisco Moreno. Todos aprobaron en ese órgano colegiado el 4 de febrero de 2011 ese abono casi cinco años después de que se inauguraran las obras y a tres meses de las elecciones municipales a las que Pedro Hernández ya no concurría por voluntad propia.
Las obras del Teatro Municipal y remodelación de la plaza de Miguel Hernández fueron adjudicadas por el Ayuntamiento a Necso (actual Acciona) por 6,4 millones de euros en el año 2003. Se inauguraron el 28 de junio de 2006 con la presencia del entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps. Costaron finalmente 9,8 millones. De ese montante total, los técnicos advirtieron que no pudieron comprobar que 4,5 millones se hubieran invertido realmente en el edificio, que a día de hoy carece de licencia de actividad.
El informe previo a la aprobación, emitido por la oficial mayor, indicaba que la actuación rebasaba el 50% de su coste inicial y ampliamente el 20% para el que la legislación reclama una nueva licitación. Por su parte, el informe del arquitecto municipal supervisor del proyecto indicaba que ese sobrecoste «no era comprobable» en las propias obras al estar «ocultas» en la propia ejecución y no seguir el «trámite establecido por el régimen jurídico». El interventor advirtió que no existía partida presupuestaria consignada para afrontar ese reconocimiento extrajudicial de créditos.
Prueba preconstituida
Antes de dar el paso de denunciar los hechos ante la Fiscalía la oposición convocó un pleno monográfico para fiscalizar este asunto el pasado 15 de abril. Ante esa convocatoria la secretaria general subrayó que el sobrecoste debió justificarse por los técnicos «que sí se rigen por el principio de legalidad» y además tuvieron que haberse debatido, aprobado en pleno y no solo por la junta de gobierno. La interventora insistió, por su parte, en la «nulidad absoluta de las actuaciones administrativas».
El portavoz del equipo de gobierno Joaquín Albaladejo (PP) explicó en aquella sesión que el único objetivo de la oposición a la hora de convocarlo era obtener una «prueba preconstituida» para un procedimiento penal», y aseguró que estaba «justificado hasta el último céntimo» del gasto realizado, además de sugerir que la secretaria del pleno no cuestionó la actuación en 2011 y ahora sí, aunque en esa fecha no se le pidió que informara.
El juzgado de Instrucción 5 en el que ha recaído la causa, con la magistrada Natalia Martínez como titular, es el que archivó el procedimiento por un supuesto delito electoral de la junta de gobierno y el que investiga una supuesta malversación de fondos públicos por el abuso en el uso de los teléfonos móviles del Ayuntamiento por parte de cargos públicos.
