La Asociación de Exemigrantes Jubilados llevo a cabo ayer una protesta a las puertas de Hacienda, en Orihuela, encadenándose uno de sus miembros, ante las misivas que están recibiendo los que cobran retribuciones del extranjero por haber estado cotizando en otros países. Son emigrantes, que abandonaron España en los 60 para tener una vida mejor y que ven cómo ahora, Hacienda se les echa encima. Hasta ahora, los jubilados estaban exentos del IRPF en sus declaraciones de la Renta siempre y cuando no superasen la cantidad de 22.000 euros, «tal y como siempre nos han explicado», apunta el presidente, Miguel Martínez.

Sin embargo, desde hace unos meses, se encuentran con que «Montoro ha encontrado un filón para poner en práctica una Ley del año 95 que obliga a incluir en la declaración las pensiones procedentes del extranjero, además de que el baremos ha bajado a los 11.200 euros. Por tanto, la Administración les reclama el importe de este impuesto desde 2009, con cantidades que «en algunos casos llegan a los 14.000 euros» y que, aseguran, no pueden pagar con su pensión.

«Ni Felipe González ni Aznar ni Zapatero han aplicado esa ley y ahora Montoro ha encontrado un filón para sacar dinero», reitera. En su caso, las arcas pública le reclaman más de 7.000 euros «que no pienso pagar». Y no es el único, pues a falta de datos oficiales «calculamos que en la Vega Baja hay cerca de 30.000 jubilados que cobran pagas del extranjero y que hasta ahora no se les había exigido ningún impuesto por ese dinero».

Y es que, además de las cantidades exigidas, el Gobierno está mandando «cartas negras» -por su sobre- en las que además de requerir estas cantidades amenazan con multas y embargos «en caso de no pagar». Pero el colectivo no tira la toalla y asegura que la Ley «se cambiará sí o sí». El 21 de octubre realizarán un encuentro en la sede de UGT de Alicante con el diputado socialista Antonio Hurtado, «quien se ha comprometido a llevar este asunto al Parlamento», añadía Martínez. El colectivo pide «una amnistía fiscal de los últimos 15 años y empezar a pagar este año, pero como todos los españoles, a partir de 22.000 euros» y criticó que «este Gobierno haga amnistías para paraísos fiscales pero ahogue a pensionistas». Aseguraron sentirse tratados como «delincuentes, cuando lo único que hicimos es irnos para vivir mejor y enviar millones de divisas a España».