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Plan Zonal

La jueza del Brugal pide ahora a Diputación el expediente de la adjudicación del contrato

La instructora reclama de forma urgente toda la documentación desde la fecha en la que la Mesa de Contratación aprobó que Cespa-Ortiz reunía los requisitos

El pleno de la Diputación, en una imagen de archivo RAFA ARJONES

La jueza Rosa María Villegas, destinada por el Tribunal Superior de Justicia como refuerzo al juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela y quien instruye el caso Brugal, ha solicitado a la Diputación que le envíe todas las actuaciones que ha realizado desde el 17 de diciembre de 2012 y hasta hoy dentro del expediente de adjudicación del contrato del Plan Zonal de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz. Este contrato forma parte de una de las principales piezas del Brugal, en la cual están imputadas 22 personas y en la que se investiga un supuesto entramado político-empresarial para favorecer a uno de los aspirantes en este concurso público multimillonario. La investigación comenzó en 2007 pero no se levantó el secreto de sumario hasta 2010 cuando se registró la sede de la Diputación y se imputó a su entonces presidente, José Joaquín Ripoll, al empresario Enrique Ortiz, así como a políticos de la Vega. Todos ellos están pendientes de que finalice la instrucción que lleva ya camino de su octavo año.

Lo curioso de la petición de la jueza es que amplía la investigación a esta legislatura en la Diputación; es decir, quiere saber qué han tenido que ver los actuales responsables de la institución provincial en que, finalmente, el contrato bajo sospecha de corrupción que ella está instruyendo haya acabado en manos del supuesto beneficiario y qué pasos han dado políticos y técnicos para reanudar en 2012 el expediente en esta dirección. Como se recordará, la presidenta del Consorcio y de la Diputación, Luisa Pastor, justificó la decisión por una sentencia de 2010 que declaró que la UTE Cespa-Ortiz tenía derecho a construir ese vertedero en Albatera. La responsable de la institución advirtió que para el caso de no cumplirlo podrían tener que hacer frente a una millonaria indemnización y a ello se acogió para acallar las críticas, principalmente, de la oposición socialista.

Coletazos

La jueza pide que la información que reclama se le envíe «en el plazo más breve posible» y en formato electrónico después de comprobar, como así lo demuestran varias de sus autos, los problemas que está teniendo para acceder a documentos públicos e informes policiales. Se supone que del expediente se le enviará hasta la última resolución, que tiene sólo unos días y por la que se acuerda la rescisión del contrato por incumplimiento precisamente de los requisitos que le valieron para ganar ese concurso y que hacen referencia tanto a la falta de terrenos en Albatera -donde va la planta comarcal- como en Cox -donde iría la de transferencia-.

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