La adjudicataria del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Cespa-Ortiz, confirmó a INFORMACIÓN que en los próximos días presentará alegaciones al procedimiento de resolución del contrato incoado por el Consorcio de Residuos de esta comarca al considerar que la concesionaria ha incumplido las obligaciones asumidas por no disponer de los terrenos ofertados para poner en marcha las instalaciones de tratamiento de desechos, que comprenden un macrovertedero en Albatera y una planta de transferencia en Coxprocedimiento de resolución del contrato Consorcio de Residuos concesionaria incumplido obligaciones asumidas no disponer terrenos ofertados instalaciones de tratamiento de desechosmacrovertedero en Albatera planta de transferencia en Cox. A este respecto, fuentes de la UTE apuntaron ayer que «los motivos expuestos carecen de fundamento» y, tal y como anunciaron con anterioridad, iniciarán una batalla legal con la finalidad de mantener la concesión o recibir una indemnización cuya cuantía está todavía por determinar.
La decisión de iniciar la resolución del contrato de la obra pública del proyecto de gestión de desechos urbanos de la Vega Baja, enmarcado en el Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6, fue acordado por la junta de gobierno de este organismo, formado por los 27 ayuntamientos de la comarca y representantes de la Diputación y el Consell, el 22 de septiembre y fue ayer martes cuando Cespa-Ortiz recibió formalmente la notificación relativa a esta resolución. Por lo tanto, el plazo de 10 días que la UTE cuenta para presentar alegaciones a este acuerdo comenzó a contar ayer,el plazo de 10 días comenzó a contar ayer aunque todavía no está claro si se trata de 10 días naturales o 10 días hábiles, y este será el primer asunto que tendrán que clarificar ambas partes. El plazo de audiencia se ha dado tanto a la UTE adjudicataria como al avalista que aportó los dos millones de euros que se aportaron como garantía.
El inicio del expediente de resolución de este contrato ha sido apoyado expresamente por la Diputación y la Generalitat Valenciana, así como por 26 de las localidades de la Vega Baja a excepción de Orihuela, que se abstuvo en la votación. La decisión está respaldada por dos informes jurídicos, uno de la Universidad Carlos III de Madrid y otro al catedrático David Blanquer. Ambos dictámenes apuntan a que existen motivos para rescindir el contrato, lo que llevó al Consorcio a determinar que la adjudicataria «no ha podido lograr, tal como prometió, las licencias y autorizaciones para la ejecución de estas infraestructuras». No obstante, este argumento será rebatido por la concesionaria, que prepara ya su estrategia frente a un proceso que, casi con toda seguridad, acabará en batalla judicial.
