Con el nombre y el CIF del Ayuntamiento de Orihuela, los técnicos firmaba para el pago de facturas sin saber si el concierto se había celebrado, los cohetes se había tirado o los kilos de cordero se habían consumido. Así explicó Carolina Gracia (PSOE), la portavoz del equipo de gobierno, cómo se ha gestionado hasta 2013 las subvenciones que recibía muchos colectivos en una práctica que desde el día 15 ha pasado a la historia tras el decreto que da validez al Plan Estratégico de Subvenciones, un documento que obligará a un enorme esfuerzo a los colectivos que se beneficiaban de dinero público porque deberán estar dados de alta y registrados con sus propios datos fiscales, lo cual no les garantiza ni un sólo euro público.
Todos los colectivos que se benefician de ayudas tendrán que estar muy atentos a los plazos que se abrirán para acogerse a subvenciones y ayudas y a cumplir previamente todos los requisitos que se exigen en dicho plan para intentar seguir recibiendo euros de las arcas públicas. ¿Cuánto dinero habrá y qué reparto? Eso será más difícil de saber porque el Ayuntamiento tiene ahora que fijar los criterios para las subvenciones y quienes tienen derecho a ellos sin que estos sean nominativos aunque algunas partidas parecen claras. Por ejemplo, Semana Santa, porque se entiende que sólo una asociación, la que organiza los actos (la Junta Mayor), tendrá derecho a pedirla y a recibir la cuantía que se consigne si se incluye en dicho plan, claro está.
Hasta 2015
El Plan Estratégico se aprobó ayer sólo por dos años; es decir, su vigencia acaba en 2015. Gracia intentó quitar responsabilidad sobre lo que ocurría a los anteriores interventor y tesorero, aunque se le escapó que los convenios que regulaban, por ejemplo, las ayudas a comisiones festeros, «no se ajustan a la legalidad porque, ¿en base a qué se le dan 4.000 euros, por ejemplo, a la comisión del Mudamiento si no está en el presupuesto?», se preguntó la edil, quien añadió que unos y otros técnicos del área económica, los de antes y los de ahora, hacen lecturas muy distintas de la ley. «Es interpretación, no es que lo otro fuera ilegal, pero carecía del soporte. Es más un trámite burocrático que hay que implantar», finalizó.
