El empresario oriolano Ángel Fenoll tendrá que depositar en los juzgados de Orihuela una fianza que asciende a 50.000 euros para no ingresar en prisión en el plazo de días tras su condena a 35 años y medio de cárcel por once delitos de fraude fiscal y uno continuado de falsificación documental por el cual fue condenado el pasado mes de julio por la titular del juzgado de lo Penal 3 de Orihuela. La sentencia condenaba junto a él a otros catorce empresarios, de Alicante y Murcia, a penas que iban de los 30 años de cárcel a los tres años y tres meses en función de los hechos que se les imputaban.
La sentencia consideraba hechos probados que el empresario Fenoll utilizó una red de empresas que trabajaban para las firmas Colsur y Proambiente, dedicadas a las basuras, para eludir el pago de los impuestos del IVA y Sociedades mediante la «fabricación» de facturas por servicios inexistentes que le servían para realizar desgravaciones en los ejercicios fiscales de 2003 y 2004. El fraude supera los 4,6 millones de euros, según la Hacienda Pública que fue acusación en el proceso.
El auto fue notificado el pasado lunes a los letrados de los procesados y en él se rechaza el ingreso en prisión por riesgo de fuga de Fenoll, tal y como pretendía la Fiscalía, y se fija una fianza que es exactamente la mitad de la propuesta alternativa que solicitaba el Ministerio Público. Para el resto de condenados se fijan fianzas que oscilan entre los 30.000 y los 10.000 euros, según fuentes judiciales.
Paralela
Algunos abogados anunciaron que recurrirían estas cuantías al considerar que son excesivamente elevadas y algunos de sus clientes no pueden hacerles frente, algo que tendrá que resolver la magistrada. Todo este trámite se hace de forma paralela a la remisión a la sección VII de la Audiencia Provincial de la sentencia que ha sido recurrida y que condenaba a los 15 empresarios (otros tres fueron absueltos) a penas que sumaban más de 210 años de cárcel, lo cual ha convertido a este asunto en uno de los de mayor trascendencia, en materia fiscal, de los juzgados en la provincia de Alicante.
Las defensas pretenden lograr la absolución de sus clientes con bases en las supuestas irregularidades que se produjeron durante la fase de instrucción del proceso y que llevan, entienden, a su nulidad, algo que la magistrada no consideraba probado. Ésta fue denunciada por el abogado de Fenoll ante el TSJ, aunque la sala entendió que no había lugar y decidió archivarla lo que permitió que la titular del juzgado continuara con el procedimiento.
