El fiscal Pablo Romero solicitó ayer el ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga del empresario Ángel Fenoll, quien el pasado 23 de julio fue condenado a 35 años y seis meses de prisión35 años y seis meses de prisión por once delitos fiscales y un delito continuado de falsificación documental, tras ser considerado por el juzgado de lo Penal 3 el pasado 23 de julio como cabecilla de una red que defraudó a la Hacienda Pública más de 4,6 millones de euros en los años 2002 y 2003 a través de un entramado de empresas que «fabricaron» facturas» falsas y que sirvieron para desgravar de forma ilegal impuestos (IVA y Sociedades) a las empresas Colsur y Proambiente, ambas relacionadas con el negocio de las basuras. Por estos hechos, la magistrada condenó a 14 empresarios, de Alicante y Murcia, que le daban apariencia de legalidad y absolvió a otros tres. En total, 212 años de cárcel y, aunque Fenoll fue el más castigado, otros dos empresarios fueron condenados a penas de 30 años de prisión, y el resto a penas que van desde los 25 años a los tres años y tres meses. Es decir, a ni uno de ellos se le puede aplicar la remisión condicional.
La Fiscalía realizó la petición ayer en una vista prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la espera de que la Audiencia resuelva el recurso que todas las defensas presentaron contra esta resolución al considerar desde el comienzo del juicio que la instrucción adolece de vicios de nulidad desde su origen y que se conculcan derechos de los acusados, argumentos que no valieron para la magistrada en su resolución.
Hospital
El hecho de la convocatoria en sí a este acto judicial, a la que tuvieron que acudir todos los condenados -incluso el propio Fenoll quien esta semana presentó un escrito en el juzgado tras su ingreso en un hospital-, ya fue considerado ayer por las defensas como algo insólito porque mientras la resolución no es firme consideran que no caben medidas contra sus clientes; es más, adujeron innumerables sentencias de casos similares en las que no se ha solicitado medida cautelar alguna; de hecho, por poner ejemplos se puso hasta el caso del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, condenado en firme a 4 años de cárcel y pendiente de resolverse su indulto.
La Fiscalía solicitó también durante la comparecencia prisión para el resto de condenados que sería eludible con el pago de avales que oscilan entre los 100.000 y los 30.000 euros, según fuentes judiciales. Todo ello con el argumento de que no eludan la acción de la Justicia y garantizar el pago (al menos parcial) de multas y sanciones impuestas tantos por el juzgado como por Hacienda.
