Los alcaldes de la Vega Baja votan el lunes próximo no sólo la rescisión del contrato del Plan Zonal con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz rescisión contrato Plan ZonalUTECespa-Ortiz sino incautarse el aval que ésta depositó de 1.982.977,91 euros como garantía de que iba a cumplir. El informe en favor de liquidar este acuerdo, que se votó el 1 de agosto por la Comisión de Gobierno como paso previo a la convocatoria del Consorcio del día 22, dice cosas tan curiosas como que cuando el 10 de junio de 2013 se formalizó el contrato la UTE ya conocía que no disponía de los terrenos(en Albatera y en Cox) para ponerlo en marcha sino que habían sido su principal argumento para ganar el millonario concurso adjudicado el 3 de enero de 2008. El informe dice así: «...Recuérdese además la transcendencia de la disponibilidad de los terrenos, al haberse otorgado por ello 5 puntos conforme a lo previsto en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas, siendo determinante de ser la oferta más puntuada».
El hecho de que transcurrieran cinco años y medio desde ese 3 de enero de 2008 hasta la adjudicación a la UTE y la formalización del contrato debido a los recursos judiciales -que llevaron la planta desde la pedanía oriolana de Torremendo a Albatera al entender que era la oferta más ventajosa- no es excusa, según el informe, para que la adjudicataria diga ahora que carece de los terrenos porque «la ejecución de los contratos se realiza a riesgo y ventura del contratista». De hecho, el 5 de diciembre de 2012, la UTE prestó declaración favorable para la ejecución del contrato, lo que fue determinante para que la junta de gobierno del Consorcio procediese a la nueva adjudicación. El hecho de que después de la firma haya solicitado a la Administración que le expropie terrenos que no tenía, «y con independencia de que tuviera o no la disponibilidad de todos los terrenos inicialmente como afirmara, ya fuera por mala fe o simple negligencia, lo cierto es que ello revela que no puede aportar los terrenos a que se comprometió y según se formalizó en el contrato. Y el hecho de que la UTE ya no disponga de los terrenos porque le hayan expirado o caducado las opciones de compra, es una circunstancia sobrevenida no imputable al Consorcio y cuyas consecuencias no debe este soportar. En efecto, si a la fecha de perfeccionamiento del contrato (que era de seis meses) las opciones de compra habían vencido, la UTE podía haber renunciado al contrato si no quería soportar el riesgo de obtener finalmente la disponibilidad de los terrenos que había ofertado. Por tanto, al no haber renunciado puede inferirse con toda obviedad que a juicio de la UTE ese riesgo era asumible y gestionable, si después resulta que no ha sido posible, la UTE debe asumir las consecuencias de su imprudencia: el incumplimiento de lo acordado».
El lunes se votará y con toda probabilidad se aprobará la rescisión. La UTE tendrá diez días para alegar -algo que ya ha anunciado- lo que dará inicio a un largo proceso de meses hasta que sea una realidad. Mientras tanto, la mercantil sigue gestionando las basuras de la comarca sin planta ni medios.
