Los vecinos de la urbanización de Mil Palmeras II en Orihuela Costa están cansados de que se les trate como ciudadanos de segunda o directamente residentes en otra población «porque para el Ayuntamiento el término municipal acaba en Campoamor y nadie se acuerda de Mil Palmeras».
Sus viviendas fueron construidas sobre suelo rústico por el grupo MASA en el año 1989, promotora que también edificó un hotel y levantó la estructura de tres edificios en la zona, todo ello incumpliendo la Ley de Costas y fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se aprobó en 1990. En ese momento, las estructuras fueron derribadas, pero la por entonces Conselleria de Territorio y Vivienda (COPUT), permitió dejar en pie tanto el establecimiento hotelero como las viviendas. Desde aquel entonces, los vecinos viven un calvario ya que pagan impuestos como si vivieran en calles de primera categoría «cuando no tenemos ni aceras».
Las viviendas fueron entregadas sin la cédula de habitabilidad y aunque este documento es obligatorio para contratar los suministros de agua y luz, los vecinos cuentan que la constructora tramitó con las suministradoras los contratos de cada una de las viviendas «con un papel que firmó el edil de Urbanismo José Manuel Medina en el que aseguraba que las viviendas estaban en trámite de legalización». De esta forma los residentes de más de 600 viviendas consiguieron los suministros de luz y agua «previo pago de 30.000 pesetas a la constructora que algunos se libraron de abonar pero otros no pudieron». De esta forma los vecinos disfrutan de sus viviendas desde hace 25 años pero no de todos los servicios. Los residentes se quejan de que en su urbanización no hay aceras ni tampoco desagües por lo que «cada vez que llueve las calles se convierten en ramblas». Tampoco cuentan con facilidades para bajar a la playa ya que «el paseo marítimo termina en Campoamor, por aquí hay solo hormigón y tierra». Critican que los accesos a las zonas de baño no cuentan con barandilla «mientras que el resto de playas de Orihuela tienen barandas de acero inoxidable». A esta situación se une que no pueden hacer ningún tipo de obra en sus casas ya que se encuentran fuera de ordenación. Con el tiempo las viviendas van envejeciendo y necesitan mejoras «pero el Ayuntamiento no da los permisos. Tenemos que pagar multas de miles de euros porque aunque nadie se acuerda de nosotros, los inspectores de Urbanismo sí que pasan».
Feria
La gota que colmó el vaso para estos residentes fue la instalación a finales de junio de una feria en el solar que hay junto a sus casas, propiedad de la constructora, ya que fue allí donde estaban las tres estructuras que fueron derribadas. Los vecinos cuentan que las atracciones fueron contratadas por el hotel de la zona y al parecer, tras preguntar tanto en el Ayuntamiento, como a la Policía Local y a la Conselleria, comprobaron que tenían todos los permisos pero no entendían cómo esta feria pudo conseguirlos «cuando hicieron un enganche a la luz de forma irregular y vertían las aguas fecales directamente al solar». Pese a las múltiples quejas que presentaron en diferentes organismos, los vecinos no consiguieron ningún tipo de ayuda por lo que hicieron diversas manifestaciones a las puertas del hotel y conseguieron que la feria fuera retirada. Critican que se sienten totalmente «ignorados» por el Ayuntamiento pese a que residen en su término y, cansados de esta situación, han pedido entrevistarse con la edil de Costas, Martina Scheurer (Los Verdes), para tratar de solucionar sus numerosas deficiencias ya que consideran que ellos, como el resto de ciudadanos de Orihuela, deben ser tratados con el mismo «respeto y atención» porque entre otras cosas ellos consideran que no tienen la culpa de haber sido «estafados».
