La Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha ha expresado su rotundo rechazo al proyecto planteado por grandes propietarios de suelo agrícola de Murcia y la Vega Baja sin derechos de riego, de hacerse con el agua de la desalinizadora de Torrevieja a cambio de obtener nuevas dotaciones para regar terrenos ahora de secano o zonas de cultivo regables pero actualmente infradotadas. La desalinizadora, gestionada por la empresa estatal Aguas de la Cuenca Mediterránea (Acuamed) y explotada por Acciona, está en condiciones de producir recursos desde hace año y medio, pero no tiene clientes y tan solo ha generado un hectómetro de agua de prueba desde entonces. Esta fórmula de compra «agua desalinizada por regadío» es la única que le permitiría a la desalinizadora, que costó 300 millones de euros, «colocar» una producción hídrica cuyos precios para este sector agrícola regado por el trasvase Tajo-Segura resultan prohibitivos.
El presidente de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha, José Antonio Andújar, a preguntas de INFORMACIÓN dijo que la desalinizadora quiere distribuir un agua que en estos momentos ninguna comunidad está dispuesta a adquirir al precio planteado -entre 30 y 35 céntimos el metro cúbico a pie de planta, sin contar transporte y mantenimiento-. A cambio los beneficiarios podrían obtener nuevos derechos de riego en la cuenca del Segura.
Contrasta con esos elevados precios el agua que llega del trasvase Tajo-Segura, que se paga ahora a 0,14 céntimos el metro cúbico incluyendo mantenimiento, las pérdidas y el transporte e impulsión, pero los demandantes que negocian con Acuamed estarían dispuestos a echar el resto. «Lo que se quiere con ese posible acuerdo es beneficiar a los especuladores del agua», anticipó el responsable de esta entidad que concentra 4.183 hectáreas regadas de Guardamar, Los Montesinos, Rojales, Benijófar, San Miguel de Salinas y Torrevieja y agrupa a 1.270 comuneros. Pero el principal punto de su oposición a esta fórmula es que paradójicamente esos demandantes no utilizarían para regar los aportes de desalinizadora sino los del trasvase. Dicho de manera coloquial, los peticionarios usarían el agua «buena» del trasvase,y en un especie de permuta la adquirida a la desalinizadora se almacenaría en el pantano de La Pedrera a través del sistema de canalizaciones que la impulsan desde Torrevieja. Y ese es el otro gran inconveniente de este procedimiento: al final serían las comunidades de regantes que reciben el agua de este pantano -entre ellas la de la Margen Derecha, La Pedrera o Pilar de la Horadada- que desde 1980 actúa como reservorio del trasvase, las que utilizarían para sus campos agua del Tajo mezclada con agua desalinizada, considerada de peor calidad.
Esta comunidad niega la existencia oficial de conversaciones o de un acuerdo para la distribución del agua desalinizada, ni por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, ni del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, la entidad que coordina y gestiona las demandas de riego agrícola de la Vega Baja, el Bajo Vinalopó, Murcia y Almería. Pero se habla de la difusión de un posible pacto por parte de algunos agentes del sector agrícola interesados en «especular» con los recursos hídricos, y si esos acuerdos se están negociando, se realizan de espaldas al grueso de los beneficiarios del trasvase.
