El concejal de CLr, Juan Ignacio López-Bas, compareció ayer para dar una razón más de por qué su grupo se negó a dar el visto bueno el sometimiento a exposición pública de la versión preliminar del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el alcalde accidental y edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE) llevó a un sorpresivo pleno extraordinario que se celebró el pasado jueves. El liberal dijo que de haberse aprobado en el pleno el asunto «la tramitación del PGOU hubiera sido nula» y acusó a Zapata de gestionar de forma «chapucera» lo que él mismo definió como «el futuro de Orihuela».
El concejal explicó que el Plan General es un documento de instrucción urbanística normativo que debe aprobarse de forma previa en junta de gobierno local para luego aprobarse en el pleno «y así someterlo a exposición pública». En este sentido dijo que Zapata pretendía aprobar la exposición pública del documento en el pleno «cuando este órgano no ha acordado previamente la versión preliminar del PGOU». De hecho explicó que en su informe la jefa de urbanismo hace referencia al artículo 123 de la Ley de Bases de Régimen Local para afirmar que es competencia del pleno «adoptar acuerdos para la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística» y aseguró que el artículo 127 de esa misma ley dice que se debe aprobar por junta de gobierno los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación «definitiva o provisional» corresponda al pleno.
López-Bas que aseguró que en secretaría le confirmaron ayer por la mañana que lo que debía hacer el pleno era acordar la exposición preliminar «ya que su consecuencia directa es la exposición al público, un asunto que no tiene por qué ir a pleno».
De esta forma el liberal se preguntó por qué Zapata no quiso aprobar en junta de gobierno la versión preliminar del PGOU y elucubró sobre la posibilidad de que sus socios de gobierno, Los Verdes, se negaran a que el proyecto incluyese, como han criticado en diversas ocasiones, las 4.000 viviendas en el PAU-5 de la costa o las 1.500 en Cala Mosca, razones por las cuales también se negó CLr a aprobar la versión preliminar del PGOU a las que se añaden que estaba adaptada a la ley urbanística que se deroga mañana así como que mantiene el techo de construcción en la costa de 24.000 viviendas o no amplía suelo urbanizable «más que en tres pedanías: San Bartolomé, Desamparados y Molins aunque dijera que iba a ver en todas» dijo el edil a lo que añadió que «queremos saber quiénes son los propietarios de esos terrenos».
López-Bas quiso además destapar otras «chapuzas» en la tramitación de la versión preliminar del PGOU y dijo que la arquitecta municipal reconocía en su informe que «no había entrado a valorar los documentos» así como que la jefa de urbanismo se basa en una ley derogada para someter a exposición pública el informe de sostenibilidad ambiental que acompañaba al Plan General.
