El Consell apoya rescindir el contrato con Cespa-Ortiz para el macrovertedero

Los dos informes jurídicos encargados a la Universidad Carlos III y al catedrático de Derecho Administrativo David Blanquer, que coinciden en que la concesionaria carece de los terrenos que ofertó para poner en marcha las instalaciones, han sido suficientes para que la comisión del Consorcio, formada por la Generalitat, Diputación y cinco municipios de la comarca (Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Albatera y Cox), haya acordado iniciar el trámite para romper el contrato valorado en 248 millones que se germinó a raíz de un concurso que está siendo investigado en una rama del caso Brugal por una trama de supuesta corrupción política tendente a favorecer a empresarios, en la que se encuentran imputados el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz, entre otros.

La propuesta aprobada para dar luz verde al proceso para resolver el contrato con la UTE Cespa-Ortiz, fijada en el orden del día por la presidenta de la Diputación y del Consorcio, Luisa Pastor, y que incluye quedarse con el aval de 1,9 millones de euros presentado por la adjudicataria, fue acordada por todos los miembros de la comisión del Consorcio a excepción del representante de Orihuela en este órgano, el concejal Manuel Gallud (Los Verdes), que se abstuvo en la votación. El edil argumentó tendría que haberse solicitado un informe a la secretaría general del Consorcio y de la Diputación en vez de recurrir a dictámenes jurídicos externos. Asimismo, consideró que el informe pedido a la Universidad Carlos III por el Consorcio está «sesgado» porque no se le aportó la documentación sobre las opciones de compra de terrenos que la UTE asegura que tiene. Gallud planteó que el propio Consorcio de Residuos gestione de forma directa las instalaciones necesarias para poner en marcha un nuevo Plan Zonal, pero aseguró que nadie apoyó si quiera la posibilidad de encargar un informe para valorar esta opción.

La ausencia del alcalde de Cox, Carmelo Rives, que no asistió a esta reunión y envió a un edil, al igual que no acudió el pasado año a la junta del Consorcio en la que se adjudicó el Plan Zonal, y la falta de representantes del partido socialista, que no cuentan con representación en este órgano, fueron dos de las notas características de esta reunión, en la que la principal sorpresa fue que la Generalitat apoyara la rescisión.

Plazos

Fuentes del Consorcio explicaron ayer que la comisión de este organismo elevará ahora la decisión a la junta, en la que sí tienen representación los 27 municipios de la Vega Baja, además de la Diputación y el Consell, para que la ratifique, que es lo que probablemente sucederá porque en los últimos meses la práctica totalidad de los alcaldes han apoyado la rescisión del contrato. Está previsto que esa reunión se celebre a mediados de septiembre. Si se acuerda la continuidad de este proceso, el Consorcio dará cuenta a las partes, que son la UTE y el avalista, para que presenten alegaciones, algo que realizarán porque Cespa-Ortiz ya ha anunciado que adoptará todas las acciones judiciales que considere para exigir una jugosa indemnización al defender que ha sido el Consorcio quien ha impedido la ejecución del contrato y para pedir que se le devuelva el aval y se le abone el lucro cesante, es decir, los beneficios que dejará de ingresar durante los próximos 20 años por perder la concesión. En este sentido, la UTE también esgrime un informe jurídico que avala su estrategia de defensa.

Una vez se resuelvan las alegaciones, si las hubiera, la junta del Consorcio acordará solicitar un informe al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, que será preceptivo pero no vinculante, algo que se calcula que sucederá en torno al mes de noviembre. Después de ello, se podrá votar la rescisión definitiva del contrato que, de seguro, marcará el inicio de la batalla judicial entre la administración y la empresa concesionaria.