El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado al Ayuntamiento de Callosa de Segura a abonar a la mercantil FCC Medio Ambiente, que prestó el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria hasta 2003, diversas cantidades por facturas atrasadas y revisiones al alza del coste del servicio que, sumadas al pago de intereses de demora, alcanzan hoy el millón y medio de euros, según estiman fuentes de la empresa. El fallo judicial, dictado el 15 de julio por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, es firme y no se podrá presentar recurso alguno.
El Ayuntamiento, gestionado por Javier Pérez (PP), acordó en octubre de 2003 rescindir la contrata de limpieza y recogida de residuos con FCC tras abrirle un expediente de caducidad por «reiterados incumplimientos en la prestación del servicio». La empresa que asumió desde entonces el servicio fue Colsur, del empresario Ángel Fenoll. En paralelo, la adjudicataria inició acciones legales contra el Ayuntamiento porque se le adeudaban facturas de 2002, cuando gobernaba el tripartito de Pepe Pina, y porque el equipo de gobierno se había negado a aceptar incrementos en el coste del servicio. Por otro lado, la administración callosina también llevó a los tribunales a FCC para exigirle indemnizaciones por daños y perjuicios al incumplir el contrato. Ambos procesos judiciales han seguido su curso durante años y el primero que ha quedado resuelto ha sido el planteado por la empresa, que ha ganado el pulso al Consistorio y tendrá que ser indemnizada.
Fuentes de FCC recordaron ayer que el Ayuntamiento callosino fue condenado por el TSJCV en abril de 2005 y por el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de Elche en diciembre de 2008 a abonar diversas cantidades a la empresa por facturas atrasadas de la etapa del tripartito. Aunque el Consistorio interpuso numerosos recursos, el 18 de febrero de 2010 el TSJCV emitió un auto en el que señalaba la «pertinaz resistencia mostrada por el Ayuntamiento al cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la sentencia» y establecía un plazo de 20 días para que identificara bienes patrimoniales suficientes para cubrir las cuantías en caso de no disponer de liquidez.
Pero un recurso posterior planteado por la administración local paralizó de nuevo el proceso a raíz de una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche, que suspendió la ejecución de ese pago hasta que se resolviera si la empresa también tenía que pagar al Ayuntamiento por daños y perjuicios.
Pues bien, ahora el TSJCV ha revocado este último fallo judicial a petición de la firma y ha dictaminado que el consistorio tiene que indemnizar ya a FCC.
«Desproporcionada»
El regidor callosino tildó ayer de «desproporcionada» la cantidad de 1,5 millones que la empresa reclama y dijo que «como mucho serán 100.000 euros más intereses». Recordó que el Ayuntamiento ganó en los tribunales, primero en el TSJCV y después en el TS, que la caducidad de la contrata se realizó conforme a la legalidad. El alcalde cree que la cantidad que FCC tendrá que abonar al Consistorio por daños y perjuicios, y que tiene que calcular el Tribunal Supremo, será muy superior a la que ésta reclama ahora, y dijo que será el mismo juzgado de Elche el que tendrá que dirimir cuál es la cuantía que hay que pagar a FCC. Concluyó que toda esta situación fue creada por el tripartito «porque no le pagaba a la empresa y ésta se negaba a prestar el servicio, por lo que tuvimos que buscar una solución».
