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Los Montesinos

Una jueza investiga la exposición al público del nuevo PGOU sin un informe municipal que lo valide

El sumario abierto en 2012 sobre la gestión urbanística municipal se amplía con esta denuncia que señala al equipo redactor y a la secretaria de la Diputación

Una jueza investiga la exposición al público del nuevo PGOU sin un informe municipal que lo valide

El juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja investiga supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU, en exposición pública en estos momentos, tras una denuncia del el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento que dice que el planeamiento se expone sin haber sido informado por un técnico municipal, está incompleto y contiene numerosas carencias legales además de «silenciar» información. De esta nueva situación judicial, en la que se implica a la secretaria de la Diputación, que validó el documento de exposición, al equipo redactor del plan y a la secretaria accidental, de cuenta Izquierda Unida-LUT al alcalde socialista José Manuel Butrón en un escrito registrado en el Ayuntamiento.

Esta nueva actuación judicial se suma a la amplia instrucción iniciada por la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga desde mediados de 2012, la supuesta falta de actuación municipal a la hora de ejecutar sus propias órdenes de demolición de casas ilegales en el campo, de naves industriales sin licencia y en suelo agrícola en Los Pérez o a la hora permitir la actividad de la discoteca Revival en un parque natural.

La magistrada Juana López entiende que existe conexión entre los hechos denunciados ahora y los que investiga desde hace dos años -en los que figura imputado el alcalde Butrón - y ha decidido acumular la causa. Según el escrito el Plan General «no habría sido informado por ningún técnico municipal» -el informe que figura del ingeniero no es de la última versión-. Esa misma denuncia, ratificada por el funcionario en una comparecencia el pasado día 30 de junio, asegura que el equipo redactor considera «secretas las mediciones de precisión de suelo realizadas» pese a que esos datos deberían ser públicos.

Por su parte Francisco Valdés, letrado del funcionario denunciante, asegura que quien «retrasa» el PGOU «no es el funcionario que formula reparos a la legalidad, si no que son aquellos contratistas de la mercantil Cauce que lleva trabajando 5 años en una alternativa de planeamiento manifiestamente ilegal y que además ocultan información sensible a la ciudadanía».

Por su parte, IU-LUT ha solicitado al alcalde facilitar y se cuelguen en la web municipal las mediciones de precisión del suelo que «a día de hoy no son públicas» y corregir los planos donde aparecen legalizadas las naves de Los Pérez, pese a que ya no se contemplan así en el plan.

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