La pedanía oriolana de Torremendo vuelve a sonar desde ayer como posible destino para la macroplanta de basuras de la Vega Baja después de que la presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, haya iniciado el proceso para anular el contrato suscrito con Cespa-Ortiz y que preveía ubicarla en Albatera y por dos décadas.

Y esto es así porque el Plan Zonal sólo prevé, entre las alternativas, la de Torremendo, que ya ganó en la anterior adjudicación, aunque fue anulada por una resolución judicial. Y ayer Pastor solicitó a los mismos alcaldes que se han posicionado a favor de echar a la adjudicataria un consenso sobre dónde colocarla, que evite más polémicas. Es decir, que se pongan de acuerdo sobre si la siguen prefiriendo en Albatera o si optan por la pedanía oriolana o por una tercera opción. Lo curioso del caso es que la mayor parte de terrenos disponibles en Torremendo eran de Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal por supuestamente tratar de amañar un contrato que al final se llevó la UTE Cespa-Ortiz y dentro de una investigación en la cual también están incursos el entonces presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; y el empresario Enrique Ortiz.

De entrada, los 27 ayuntamientos tendrán tiempo para pensárselo porque el proceso que se abrirá el 1 de agosto con la reunión de la comisión de gobierno en la cual se acordará iniciar la anulación anuncia desde ya una larga tramitación que incluye desde su aprobación posterior por la junta de gobierno (lo que está previsto para mediados de septiembre) hasta la solicitud en octubre de un informe al Consejo Jurídico Consultivo -que no es vinculante- antes de finiquitar el contrato y dando de plazo a Cespa-Ortiz para presentar cuantas alegaciones en su defensa considere oportunas.

La UTE aún no ha dicho cuál es su parecer al respecto pero es seguro que no está de acuerdo con la incautación de los 1,9 millones de euros que depositó a través de un aval para garantizar el cumplimiento del contrato, algo que el Consorcio considera a través de dos informes que no ha hecho y, es más, engañándoles porque no disponía de los terrenos que prometió para ello.

Para evitar que la planta acabe bien en Albatera o en Torremendo o en una tercera opción no deseada existe la posibilidad de que se modifique el Plan Zonal a fin de habilitar otras alternativas para el macrovertedero, algo que dilataría aún más la solución final pero que es una puerta abierta si algún ayuntamiento se aventura y cumple las condiciones objetivas de distancia que marca la norma. De hecho, Torrevieja llegó a planteárselo y el que sea el que más basuras genera le supondría un considerable ahorro de costes, además de ingresos. Esta legislatura, el portavoz del grupo popular, Joaquín Albaladejo, ha dejado abierta esta posibilidad al no descartar solicitar una planta de transferencia. Lo que queda claro es que la Vega Baja abre un largo proceso de interinidad, de años probablemente, hasta tener un Plan Zonal que es de obligado cumplimiento desde hace años en la Comunidad.

Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà dijo ayer que la anulación del contrato tiene que ser una realidad el próximo día 1 de agosto. No puede haber vuelta atrás. La medida se tiene que tomar lo antes posible».