El alcalde de San Miguel de Salinas Ángel Sáez (PP) ejecutó ayer el desalojo del local que Comisiones Obreras tenía cedido en el Centro Social municipal desde hacía un cuarto de siglo. Un grupo de vecinos y los dirigentes del sindicato Martín Carpena y Pascual Pascual intentaron evitarlo sin éxito. El pleno del Ayuntamiento cedió su uso por acuerdo plenario a finales de la década de los 80. Ese acuerdo hacía referencia a que el solar que ocupa el inmueble fue sede en su día de la Casa del Pueblo y de los sindicatos. Ayer, a primera hora, los dirigentes comarcales de Comisiones Obreras asistían sorprendidos a la escena mientras aseguraban que, por el cauce legal, solo otro acuerdo plenario podía revocar la cesión. El sindicato ha llevado ya el asunto al juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Ambos sindicalistas hablaron con el alcalde para intentar parar el desalojo. «Ha tenido buenas palabras, incluso hemos creído que iba a paralizarlo para buscar una reubicación antes de ejecutarlo», pero minutos después se presentó el cerrajero para ejecutar el oficio municipal.
Lo sucedido ayer a la puerta del Centro Social de San Miguel también dejó escenas de comedia española. Los «desahuciados» por orden del alcalde -alrededor de la decena- esperaban la llegada del cerrajero, la policía y los operarios municipales desde antes de las nueve de la mañana, según lo dispuesto por el oficio del alcalde. A esa hora se presentaron dos policías a bordo de un turismo «cortesía» de un concesionario local, porque otro coche no hay. Un utilitario, muy discreto en dimensiones y prestaciones todo hay que decirlo, con el logotipo del concesionario y sin distintivos municipales ni luces de emergencia, que es el que usan los agentes desde que el municipio se quedó sin vehículos policiales al no renovar a tiempo la concesión del arrendamiento, aunque ha tenido seis años de margen para hacerlo.
Así, mientras el alcalde inauguraba una rotonda en una urbanización cercana, los agentes, que no las tenían todas consigo, pedían a su superior una orden escrita para hacer efectivo el desalojo. Después de hacer acto de presencia en el lugar de los hechos, tampoco veía el mando policial muy clara la necesidad del desalojo, pero dijo que debía acatar órdenes del presidente del Consistorio. Visto que la cosa se podía prolongar más de lo previsto, los operarios municipales dejaron claro que ellos se iban a almorzar y que, cuando se aclarase el asunto, volverían. Y fue finalmente el cerrajero quien, sobre las once de la mañana y a regañadientes, forzó la cerradura del pequeño local de 15 metros cuadrados (nadie iba a abrir la puerta) asegurando que siempre le tocaban a él «los marrones».
El inmueble, situado en la primera planta de un edificio de tres, se encuentra en las cercanías de la plaza principal del pueblo. Un edificio infrautilizado, según los sindicatos, ya que cuenta con otros espacios vacíos como el de la cafetería que no funciona. Abierta la puerta, poco tardaron los representantes sindicales, que aclararon que no iban a oponerse a la actuación municipal, en retirar la documentación de mayor valor y dejar las instalaciones. Mientras, algunos de los presentes hacían chanza de la fecha escogida por el alcalde para ejecutar el desalojo: el 18 de julio.
Reubicar
El primer edil Ángel Sáez (PP) justificó la actuación en que San Miguel ha superado los cinco mil vecinos -rebasó esa población hace más de diez años- y necesita una biblioteca en vez de la agencia de lectura de la que dispone ahora. Se necesita una ampliación de los locales con los que cuenta hasta los 300 metros cuadrados y, según explicó, la oficina de CC OO es indispensable para ese objetivo, asegurando llevar negociando con el sindicato desde hace un par de años.
Lo que no explicó el alcalde Sáez es por qué no ha paralizado el desalojo hasta encontrar una reubicación aceptable para la actividad del sindicato, aunque ayer reiteraba a INFORMACIÓN que la voluntad municipal es buscar esa ubicación alternativa. En este centro social tenía cedido otro local UGT -también por acuerdo plenario de los años ochenta-, usado por el PSOE como sede local, lo que provocó que finalmente el sindicato abandonara la cesión y las dependencias.
