Las facturas pendientes de pago han comenzado a amontonarse en los cajones del Ayuntamiento Orihuela y están pasando como cuentagotas por las juntas de gobierno aunque no es un problema exclusivamente de falta de liquidez. Hay poca, pero la hay. El sistema de tramitación que durante años han dado por bueno los técnicos municipales del área económica es irregular, o eso al menos es lo que opina el nuevo interventor, Fernando Urruticoechea, quien ha puesto el listón muy alto para autorizar que de las arcas públicas salga céntimo alguno que no esté perfectamente fiscalizado por él y siguiendo el estricto protocolo que considera marca la legislación.
Aunque el equipo de gobierno (PSOE y Los Verdes) no realiza declaración alguna ni da explicaciones a esta insólita situación, la realidad que se cuenta de puertas a dentro es que desde mayo cientos de obligaciones contables están ralentizándose. Se ha pasado de autorizar el pago de cientos de miles de euros por semana a cantidades ínfirmas y entre los que más están sufriendo estos días, por ejemplo, se encuentran comisiones festeras de barrios y pedanías o, incluso, Moros y Cristianos que hasta el pasado viernes no tuvieron el dinero comprometido por Festividades.
El equipo de gobierno tendría una solución: autorizar los pagos con reparos; de hecho, el alcalde Monserrate Guillén (Los Verdes) se ha visto obligado a hacerlo en las últimas nóminas pero el problema, lejos de solucionarse, va creciendo porque, y esa es la opinión del nuevo técnico, casi todo se ha hecho mal durante años. Pero los ediles del gobierno no están por la labor de hacer lo mismo que criticaron la pasada legislatura al Partido Popular -el pago de millones de euros a través de esta solución extrema de los reparos que permite la legislación- y, máxime, cuando los socialista llevaron ante la Fiscalía Anticorrupción a ediles del gobierno de Mónica Lorente, precisamente, por hacer de la excepción una práctica habitual para resolver facturas sin consignación presupuestaria. De hecho, hay siete imputados que declaran en diez días.
Según fuentes de la oposición, el interventor no autoriza la mayoría de pagos por ayudas y subvenciones de todo tipo -es decir, dinero que va a un fondo perdido- por no existir una norma que regule cómo se han de realizar estas concesiones y Orihuela no la tiene ni la ha tenido nunca. Se basaba en un criterio arbitrario y eso precisamente denunció la Asociación Cultural Moros Beduinos hace algo más de un mes tras denegarles a ellos una ayuda que sí se daba a otros colectivos. Pero más allá de lo importante que para una parte de la sociedad sea el disponer de una ayuda municipal para fiestas y celebraciones patronales, en el área de Bienestar Social este asunto ha comenzado a pasar factura al concejal Emilio Zaplana (PSOE). Según fuentes municipales, una empresa pública con pérdidas, como es el caso de ILDO que da trabajo a discapacitados, no podría tener cabida en el Ayuntamiento. Y eso ya ha comenzado a dejarse oír desde Intervención como una advertencia porque, aunque la directriz y las decisiones siempre son políticas, las propuestas parten de los técnicos como responsables de la gestión del dinero. Y en esto Urruticoechea ha dado sobradas muestras de que él ha venido a fiscalizar hasta el último euro.
Mientras, desde las filas de la oposición se frotan las manos porque si el equipo de gobierno tenía muchos problemas por gestionar en minoría el municipio, por lo que es incapaz de sacar iniciativa alguna en pleno y sólo gobernar a través de juntas de gobierno, ahora si quiere tener luz verde para estos pagos necesita cuanto antes llevar a pleno una norma que los regule y para eso, una vez más, carece de mayoría.
Urruticoechea, sin quererlo pero con sus formas de decidir cómo se tiene que gastar el dinero público, se ha convertido en la última soga que asfixia al equipo de gobierno de Guillén.
