El juzgado de lo Penal de Orihuela ha comenzado a citar esta semana a los 18 empresarios acusados por la Fiscalía y el abogado del Estado de formar parte de una trama organizada para defraudar miles de euros a la Hacienda Pública durante los años 2003 y 2004. La magistrada ha fijado la fecha del 23 de julio para leer «in voce» el fallo a los acusados, que se enfrentan a 276 años de prisión, aunque las defensas solicitan la libre absolución de todos ellos por cuestiones tan variadas como que la instrucción es nula de pleno derecho, hay empresas que son supuestamente responsables civiles que no han sido citadas al proceso o que los hechos que se les imputan habrían prescrito.
El empresario Ángel Fenoll, quien se negó a responder en marzo a las preguntas del fiscal Pablo Romero, es para el Ministerio Público el «cabecilla» de esta red a través de las empresas Colsur y Proambiente. La primera ya no existe y la segunda se encuentra en manos de sus hermanos. Siempre según la acusación pública, utilizó una red de empresas que le realizaba diversos servicios -desde venta de gasolina a regalos- para inflar precios y desgravarse el IVA o el Impuesto de Sociedades.
El proceso duró más de un mes y la magistrada. Durante la instrucción, las defensas y la acusación pública trataron, sin éxito, de llegar a un acuerdo para fijar una indemnización sobre lo supuestamente defraudado, que superaría los 10 millones de euros en estos dos años.
