El Ayuntamiento ha desembolsado 86.499 euros en honorarios para el despacho de abogados que ha estado defendiendo los intereses del municipio frente a buena parte de las reclamaciones de propietarios de suelo que exigían el pago de expropiaciones de suelo contempladas en el PGOU desde hace 30 años. El PGOU contemplaba la expropiación de estos terrenos situados en zonas supuestamente estratégicas y destinados a dotaciones públicas, pero nunca llegaron a hacerse efectivas. Estas expropiaciones se han resuelto ahora, solo tras una largo proceso legal de los particulares, que no podían vender ni urbanizar ese terreno.

El decreto de Alcaldía describe la minuta reclamada por el despacho Esperanza Ungo desglosada en cinco facturas, correspondientes a los cinco pleitos que ha mantenido el Consistorio en los tribunales de justicia desde mediados de la década pasada, con propietarios como Proyectos La Cañada, por el suelo situado junto al Colegio El Acequión, la familia Casciaro, Construcciones Armadas del Norte, por parcelas del Centro de Salud La Loma. El gasto será mayor porque en este listado restan un par de procedimientos más que están en su fase final de resolución.

El abono de los importes, validado por decreto con la rúbrica del alcalde Eduardo Dolón (PP), es una mínima parte de lo que le toca pagar a las arcas municipales por esas expropiaciones y que alcanzará entre 2013 y 2014 los 34 millones de euros. El equipo de gobierno defiende su estrategia judicial (y el gasto que conlleva) asegurando que las aspiraciones iniciales de los propietarios sumaban los 90 millones de euros y que los recursos las solicitudes iniciales han rebajado sustancialmente ese montante. El municipio va a poder hacer frente al abono, pese a la crisis, aunque con un desajuste evidente de sus cuentas públicas y sin haber podido aprobar todavía los presupuestos de 2014.