Las plataformas ciudadanas que luchan en contra de la puesta en marcha del Plan Zonal de la Vega Baja, que contempla un macrovertedero de residuos en la Sierra de Albatera y una planta de transferencia de basuras en Cox, protagonizaron ayer una sonora protesta a las puertas del palacio de Justicia de Orihuela para mostrar su desacuerdo con la decisión judicial, que les ha impedido personarse como acusación popular en el caso Brugal que investiga, precisamente, si la adjudicación de esta contrata estuvo amañada.
Los colectivos defienden que las consecuencias de ese concurso público salpicado de presunta corrupción política les afectan debido a la posible ejecución de las instalaciones previstas, y creen que solo formando parte de este proceso penal podrán tumbar el proyecto.
A la convocatoria asistieron unas 200 personas agrupadas en torno a las asociaciones «Albatera, No al vertedero»; «Granja-Cox, No al vertedero» y «Crevillent No a l'abocador», tres colectivos que en el último año han protagonizado multitud de concentraciones dirigidas contra cargos políticos del Consell, la Diputación y de las administraciones locales de la Vega Baja, todos ellos representados en el Consorcio de Residuos de la comarca, que es el órgano desde el que se ha ejecutado el proyecto para intentar ordenar la gestión de los residuos del sur alicantino.
Pues bien, sus protestas se han extendido ahora también al ámbito judicial, que no ha considerado conveniente que se personen en el caso Brugal, algo por lo que «nos sentimos decepcionados» porque «se han olvidado de nosotros, el pueblo, confeccionando sentencias al servicio de los poderosos», según explicaron ayer en un comunicado. El portavoz que leyó el manifiesto continuó diciendo que «tenemos una administración corrupta que no realiza sus funciones y acudimos a la justicia en la que creemos, esa justicia comprometida con el pueblo», continuó.
Ubicación
Cabe recordar que el juez que instruye la investigación por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja a favor de Cespa-Ortiz desde el Juzgado Número 3 de Orihuela, estimó en un auto que el resultado de esta causa del caso Brugal «nunca» determinaría la ubicación del macrovertedero o la anulación de la adjudicación de la millonaria contrata. Este fue el principal argumento del magistrado para estimar un recurso del empresario Ángel Fenoll, imputado en esta causa, para impedir que ambas asociaciones se personaran como acusación popular.
El juez consideró que los citados colectivos tienen como objeto evitar la instalación del vertedero pero en la causa «no se investiga la presunta comisión de unos presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, o contra la salud pública», sino una serie de «diversos delitos» contra la Administración sobre «corrupción política y empresarial».
Y eso es algo que no comparten las asociaciones, que han recurrido esta decisión ante la Audiencia Provincial porque mantienen que, precisamente, la adjudicación se podría haber amañado incluyendo una serie de irregularidades que sí tendrían consecuencias sobre el proyecto y, por tanto, sobre la ubicación de las instalaciones de residuos.
