La exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente (PP) ha comparecido esta mañana en los juzgados de Orihuela para declarar en calidad de imputada por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, actividades prohibidas a autoridades y fraude en el marco del caso Brugal. En concreto, la Fiscalía asegura en su informe de denuncia que Lorente, durante su mandato municipal entre 2007 y 2011, era consciente que el empresario Fenoll se presentó a la adjudicación de la contrata de recogida de residuos a través de empresas interpuestas y representadas por testaferros. Fenoll se adjudicó finalmente ese contrato.

Por su parte, el exalcalde popular José Manuel Medina también acudió a primera hora a declarar en relación con una investigación que ha sido acumulada en el sumario del Brugal y en la que se indaga sobre el cobro en el año 2000 del abogado y por entonces edil Miguel Mazón de 12.000 euros en efectivo por parte del empresario Ángel Fenoll. Ese pago fue grabado en video por el empresario. El letrado, imputado en la causa al igual que Medina, aseguró en su declaración en 2013 que el abono iba destinado a los honorarios de otro letrado para que defendiera al entonces primer edil en un procedimiento urbanístico, tal y como recogió INFORMACIÓN.

Medina ha prestado declaración durante cerca de dos horas y al término de la comparecencia ha trasladado a los periodistas que él "esperaba la no imputación (en este causa) porque nunca la entendí, por lo tanto el archivo me imagino que que lo que procede, no obstante su señoría con el mejor criterio decidirá". El exalcalde ha asegurado que ha contestado "a las preguntas de todo el que ha querido preguntar" puesto que "venir a decir la verdad no tiene ninguna dificultad". Ha declinado hacer más declaraciones sobre el sentido de su comparecencia porque "quien tiene que hacer la valoración es su señoría".

A la salida de los Juzgado Medina se ha encarado con los concentrados a las puertas del Juzgado de la plataforma 22-M y de la plataforma Stop Desahucios que le estaban increpando gritándole "ladrón", "corrupto" o "juicio y castigo". Dos agentes de la Policía Nacional han intervenido para poner orden y el exregidor ha optado por marcharse.