«¡Sin casa y sin trabajo este es nuestro tajo!». Eso coreaban ayer por la mañana en la calle más de medio centenar de integrantes de plataformas antidesahucio que respaldaron durante dos horas y media a Sonia Valverde González para impedir que se ejecutara el desalojo de la que ha sido su vivienda durante los últimos años. Aunque Valverde tenía el compromiso verbal del juzgado de que iba a contar con un aplazamiento de 20 días, no lo recibió por escrito y los congregados prefirieron mantener la protesta a hasta confirmarlo. Sonia, 38 años, madrileña afincada en Torrevieja hace una década, separada, con una hija de 12, explicaba ayer que está recién operada de cáncer de útero. Y ha perdido su casa, que además ya han subastado. El importe obtenido por el inmueble no es suficiente para los bancos y debe afrontar la deuda restante de 30.000 euros con un subsidio mensual de poco más de 420 euros, que se le está agotando. Obtuvo la financiación del Banco Primus, una entidad portuguesa que tras la crisis apenas ha dejado rastro en España. La concentración se desarrolló en la Avenida de Diego Ramírez, en las inmediaciones de la playa del Cura, junto al portal de la casa, vigilada a distancia por varias patrullas de la Guardia Civil.

Los dos colectivos que trabajan ahora en Torrevieja en el apoyo de desahuciados se enzarzaron en una polémica sobre la utilidad de la protesta. La PAH Movimiento Local Stop Desahucios, que ha paralizado docenas de desalojos y ocupando entidades bancarias, aseguraba que la protesta solo buscaba «desacreditar su trabajo», que ha logrado «que los desahucios hayan desaparecido casi por completo» en Torrevieja y que la afectada rechazó todos los medios disponibles ofrecidos por el Ayuntamiento.

«La nueva PAH» y que protagonizaba ayer su primera concentración, una de las más numerosas de este tipo en Torrevieja, cuestionó al equipo de gobierno del PP y la falta de aplicación del alquiler social.