El futuro político de la presidenta del PP de Orihuela, Pepa Ferrando, se complica a menos de un año vista de las municipales. La líder de los populares oriolanos ha vuelto a ser imputada, esta vez por un supuesto delito de prevaricación, por dar el visto bueno al pago de facturas con reparos de Intervención en 2007 y 2008, durante el mandato de la exalcaldesa Mónica Lorente (PP).
En total son nueve concejales y exconcejales del PP los que han sido imputados en este procedimiento, de los que cuatro continúan formando parte de la Corporación. Ferrando dijo ayer que se siente «víctima de una campaña judicial» orquestada por el PSOE para acabar con su carrera política porque fue ese partido quien registró en 2009 la denuncia que ha dado lugar a esta nueva batería de imputaciones ligadas a un proceso judicial que le resulta «curioso» que se reactive cuando restan pocos meses para los comicios.
La líder del Partido Popular de Orihuela, acompañada del concejal David Costa, compareció ayer en rueda de prensa en la sede para valorar esta nueva investigación judicial que INFORMACIÓN adelantó en exclusiva en su edición de ayer, cuando desveló que el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela había empezado a notificar a los nueve ediles y exediles del PP su imputación por un supuesto delito de prevaricación. Son José Antonio Aniorte, Antonio Rodríguez Barberá, José Manuel Cutillas y la propia Ferrando los imputados que en la actualidad continúan en la Corporación; y Manuel Abadía, Antonio Lidón, José Antonio Rodríguez, Ginés Sánchez y Antonio Ortíz, quienes ya no son concejales. La ronda de declaraciones en los juzgados de Orihuela se ha fijado entre los días 28 al 30 de julio.
«Indignante»
La presidenta del PP restó importancia a los hechos que han dado lugar a esta nueva investigación judicial porque, según dijo, el actual gobierno bipartito que preside el alcalde, Monserrate Guillén (Los Verdes), también ha aprobado durante esta legislatura el pago de cientos de miles de euros en facturas que tampoco contaban con el visto bueno del departamento de Intervención.
Para Pepa Ferrando, lo realmente «indignante» es la «persecución judicial» que los socialistas, y en particular su exlíder Antonia Moreno, han emprendido contra su formación y, en particular, contra ella para tratar de eliminarlos encausándolos en procesos judiciales. Pero la presidenta del PP oriolano no solo achacó a la denuncia del PSOE el inicio de este procedimiento judicial, sino que dejó claro que en las filas de su partido también hay militantes que trabajan para apartarla de la vida política. «(Antonia) Moreno, con otros miembros del PP tiene cariño, toma café con ellos y se hacen partícipes de determinada información», expresó.
De sobra es sabido que el PP oriolano se encuentra dividido y una parte de la militancia, y también de la cúpula provincial, abogan por hacer un lavado de cara a la formación cambiando a la ejecutiva local y renovando las listas porque, hoy por hoy, siete de los 12 ediles populares de Orihuela están imputados. Ferrando abrirá la ronda de declaraciones ese 28 de julio junto a Manuel Abadía y Antonio Lidón; el día 29 lo hará, por ejemplo, José Antonio Aniorte, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez; y el día 30, a Antonio Rodríguez Barberá, José Manuel Cutillas y Antonio José Ortiz.
Aunque Pepa Ferrando criticó ayer esta campaña judicial promovida por «la izquierda», advirtió que su grupo no se quedará de brazos cruzados y también denunciará en los juzgados el pago de facturas con reparos de Intervención por el gobierno bipartito. «Quizá sean (ellos) los próximos imputados», zanjó.
Antes que ella, el día 10 de julio, la exalcaldesa y actual portavoz del PP, Mónica Lorente, también tiene una cita con el juez para declarar por el caso Brugal en la rama que investiga la adjudicación de las basuras de Orihuela.
