Torrevieja ha recuperado una zona verde de unos 2.000 metros cuadrados para el patrimonio municipal de la que se había apropiado una entidad privada hace dos décadas. El geriátrico La Inmaculada, gestionado por una fundación, ha acatado, dos años y medio después de que el municipio se lo reclamara con un expediente de recuperación patrimonial, el decreto que le exigía restituir la legalidad urbanística y abrir al público y el vecindario. El parque era utilizado para uso exclusivo de los residentes desde los años 90.
El edil de Urbanismo Francisco Moreno (PP) confirmó ayer la actuación municipal y aseguró que ha sido la propia entidad y no el Ayuntamiento la que ha sufragado el coste de las obras. Sobre el terreno se han retirado vallas y puertas que impedían el paso, además de rebajar muros con un coste aproximado de 3.000 euros. Esas vallas y puertas prohibían el acceso y la demolición de los tramos de muro que privatizan el dominio público. En total se han derribado de ocho metros de muro y rebajado la altura de otros 24. Los jardines se han abierto con la salvedad de los espacios laterales, reservados a los residentes y separados del resto de la zona verde por una valla. La residencia también han integrado los bancos disponibles en esa zona de uso exclusivo para los residentes.
Los funcionarios explicaban en sus informes que una vez abierto el parque es el municipio el que debería iniciar su mantenimiento, además de sugerir que se acotaran las zonas propias del geriátrico, como se ha hecho, para mantener la seguridad de los usuarios de la residencia que hasta ahora usaban todo el parque como lugar de esparcimiento.
Fundación
La dirección de la Fundación Santo Hospital Residencia Inmaculada Concepción había desoído, hasta ahora, todos los decretos, respaldados por inspecciones de los técnicos y la junta de gobierno del PP, que pedían, tras rechazar las alegaciones, acatar el expediente de recuperación patrimonial iniciado en diciembre de 2012 por la secretaria. El municipio dio 20 días para abrir la zona verde en junio de 2013. La actuación del geriátrico se ha producido después de que el Ayuntamiento se viera obligado a anunciar por decreto que las asumiría por su cuenta si la residencia seguía sin hacerse responsable de ellas y para luego facturársela como incumplidor.
Aunque el expediente no lo cita, los estatutos de esta Fundación recogían que la presidencia de la misma la ostenta el propio alcalde Eduardo Dolón (PP). Este expediente de recuperación también afectaba a dos viales aledaños que los técnicos consideraban ocupados por otra entidad privada en este caso la Congregación Religiosa de Carmelitas Misioneras Teresianas, vinculada al geriátrico, que gestionan un colegio concertado aledaño. La Congregación asumió la petición y retiró puertas y porteros automáticos de los accesos, dejando diáfano un vial peatonal que ahora une las calles Alborán con Dulcinea. Las religiosas alegaron que «nunca ha pretendido ocupar ni apropiarse de un bien público, siendo la realidad del entorno y las construcciones plenamente conocido por la administración municipal». En el mismo informe técnico se advertía de construcciones al margen del proyecto del colegio como un campanario.
