El Juzgado Número 3 de Orihuela ha autorizado a la Generalitat Valenciana el acceso a algunas fincas de la pedanía oriolana de La Murada donde supuestamente existen enterradas miles de toneladas de basura de forma ilegal para investigar si son el foco de procedencia de los lixiviados que han aparecido en distintos puntos de la Sierra. La aprobación del juez llega después de que el ejecutivo autonómico solicitara esta medida a través de un petición al magistrado que investiga por vía penal este posible delito y a raíz de que los dueños de dichas parcelas vallaran los terrenos y prohibieran el acceso a los técnicos contratados por el Consell para examinar las causas de este grave caso de contaminación.
La dirección de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana trasladó ayer a INFORMACIÓN que gracias a esta autorización judicial continuarán las acciones para determinar cuál es el origen del líquido contaminante que procede de la descomposición de la basura que está apareciendo en múltiples puntos del macizo rocoso. Fuentes de este departamento señalaron que esta autorización servirá para que, en caso de que los dueños de las fincas que contienen la basura enterrada de forma ilegal y sin tratar sigan denegando el acceso, se pueda recurrir a las fuerzas de seguridad para que la investigación prosiga y los técnicos puedan realizar su trabajo.
El Consell pidió al juzgado en abril poder gestionar las charcas de lixiviados que habían aparecido en la Sierra para derivarlos a una balsa de seguridad donde almacenarlos y evitar que siguieran contaminando el paraje. De igual modo, adjudicó a una mercantil la realización de un estudio geológico por 23.474 euros para determinar la procedencia de este líquido. Los problemas empezaron a surgir cuando los investigadores comenzaron a trabajar sobre el terreno y se percataron de dos hechos insólitos: las grandes charcas de lixiviados habían desaparecido y los propietarios de las parcelas que esconden la basura bajo tierra habían colocado vallas para impedir el acceso.
La Dirección de Calidad Ambiental puso estos hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que levantó actas de todo lo acontecido y que también han sido aportadas al juzgado que instruye la investigación desde hace algo más de tres años.
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, explicó en una visita reciente al municipio de Orihuela que el objetivo que persigue el gobierno autonómico con todas estas acciones es elaborar informes con base científica así como recopilar actas de las fuerzas de seguridad para aportarlos al juzgado, puesto que la Generalitat se ha personado como acusación particular en la investigación judicial que se instruye por todos graves hechos.
