La junta de gobierno desbloqueó ayer la concesión de licencias para construir otras 22 viviendas en la costa. Desde que el edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), dejó sus funciones por encontrarse de vacaciones, el equipo de gobierno ha dado a través de la junta de gobierno numerosos permisos de obras que las constructoras de la costa exigían e incluso llegaron a solicitar a la Subdelegación del Gobierno ayuda y que declarara la Concejalía de Urbanismo como servicio esencial para poder contratar plantilla con para agilizar 600 licencias pendientes.
Los permisos de obra que se aprobaron son para construir 20 viviendas y dos casas unifamiliares de una promoción total de 12, todas en la costa. También se dio visto bueno a permisos para construir una piscina privada, el derribo de un garaje, la rehabilitación de una vivienda así como para el vallado, demolición y reconstrucción de otra edificación.Con respecto al área e Urbanismo, también se aprobó un expediente para la segregación de dos parcelas, seis licencias de apertura y dos solicitudes de ocupación de la vía pública para bares. Por otra parte, la junta de gobierno aprobó cuatro expedientes sancionadores de disciplina urbanística por 10.671,93 euros, 17 relaciones de facturas de las por 52.719,28 euros y dio permiso a la Asociación de Padres del colegio de Desamparados para que utilicen las instalaciones durante una convivencia y en la graduación de los alumnos.
Cuentas
Los acuerdos que se adoptaron ayer en junta de gobierno fueron dados a conocer por la portavoz del gobierno, la socialista Carolina Gracia, quien a preguntas de los periodistas anunció que el equipo de gobierno no va a modificar el Plan de Ajuste pese a que la oposición le obligó a renovarlo en el pleno del viernes en el que se aprobó adherirse a las nuevas condiciones financieras propuestas por el Gobierno para hacer frente al préstamo del Plan de Pago a Proveedores. En este sentido, populares y liberales acordaron comenzar a abonar deuda este año y ahorrar en 1,2 millones de intereses pero estas medidas suponían aprobar medidas de ahorro y modificar el Plan de Ajuste dado que, como avisó el interventor, el Ayuntamiento tendría problemas para pagar a los proveedores. Sin embargo la concejala dijo que Orihuela no va a modificar el Plan de Ajuste porque no tiene problemas para pagar la deuda financiera. La socialista indicó que con la prórroga del presupuesto el anterior interventor se encargó de ajustarlo para garantizar el pago del préstamo pero no explicó qué va a ocurrir con el pago de facturas a proveedores.
