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¿Qué pasa en la Policía de Torrevieja?

Las reivindicaciones laborales en el pleno son solo una de las derivaciones del conflicto que marca a la plantilla policial desde hace más de una década

Agentes de la Policía desalojan a sus compañeros del pleno Tony Sevilla

Un sector de la Policía Local lleva meses en pie de guerra. Sus protestas en los plenos son ya más que llamativas, entre ellas un «destape» de agentes fuera de servicio o la presencia del popular actor Fernando Esteso. Pero también despliegan otras acciones de presión menos anecdóticas, como la encubierta huelga de celo en la que las multas por mal estacionamiento o por incumplimiento de ordenanzas municipales que vecinos y hosteleros ni tan siquiera sabían que existían, se imponen a rajatabla.

El peso de la protesta lo sostienen los sindicatos -CC OO y Sipol- que reclaman que el equipo de gobierno del PP se siente a negociar el horario laboral de estos trabajadores, modificado con las medidas de recortes para todos los funcionarios. La reivindicación pasa en esencia por consensuar los turnos de trabajo. Ya en 2013 y después de una serie de movilizaciones, se logró un acuerdo que funcionó unos meses. Y hasta aquí la reivindicación laboral. Pero las causas del desánimo y cabreo de los agentes, de la cerrazón de los políticos a la hora de renegociar, y de la impotencia de la jefatura para poner orden van más allá. En una plantilla con 170 agentes , alrededor de cuarenta encabezan la protesta más activa, la de las concentraciones frente al Ayuntamiento, la de las intervenciones «vistosas» en los plenos. Otros 40, en mayor o menor medida, las respaldan. Cuarenta agentes más -ya suman 120- son interinos y su margen de actuación para seguir al resto es limitado dada su condición de inseguridad en el puesto laboral. Un grupo final de policías es el formado por el organigrama de mandos. El intendente principal se encuentra solo en el ojo del huracán, centro de todas las críticas y perdiendo por el desgaste de su gestión el respaldo político que lo situó arriba de la pirámide. Le sigue un intendente Morer, que fuera jefe principal durante más de una década controlando el cuerpo hasta que la voluntad del gobierno municipal cubrió por oposición la plaza de intendente principal, en situación de imputado en la causa de las torturas y condenado por acoso laboral. Lo completan varios inspectores y un grupo de oficiales.

Los males de esta caja de Pandora ya estaban fuera desde principios de los 2000. Con una docena de causas abiertas en los juzgados, en algunos casos con acusación formal contra los mandos y juicio señalado, numerosos expedientes disciplinarios, de la que petición de multas por protestar es el último capítulo, mandos imputados -hasta cinco veces en el caso del inspector Vera, según CC OO-, que no sólo permanecen en sus puestos sino que son los encargados de instruir los expedientes disciplinarios a los demás agentes, son parte importante del contexto en el que se enmarcan estas protestas. Los agentes críticos hablan en algunas de estas situaciones de zorros guardando gallinas.

Relevos que no sirven

La idea de que la Policía arrastra un problema de fondo sin solución la refleja que es el único departamento municipal en el que se suceden constantes cambios de dirección política en un ayuntamiento donde hasta los cargos de asesores de Alcaldía se «heredan». El tema redunda en el cansancio de una plantilla que se queja de «caos» y confusión en su trabajo diario cubriendo una ciudad de seguridad muy compleja por su morfología urbana y su especialización turística residencial. Los relevos tampoco han apaciguado las aguas. En 2011, el militar Javier Mínguez asumió la dirección general de la Policía con la misión especial de reordenar este servicio público. De su mano llegó el intendente principal Vicente Gutiérrez, licenciado en Derecho y con ganas de entablar diálogo, dejando en segundo término a Alejandro Morer, el intendente objeto de todas las denuncias sindicales durante años una década. El cambio parecía ir en la buena dirección. En 2011 Eduardo Dolón ganó las elecciones y retiró parte de sus competencias a Mínguez, cediéndoselas a Eduardo Gil. Éste tuvo que renunciar a sus competencias en 2013, también envuelto en la polémica -ordenó retirar la señal por la que había sido multado- en un gesto de Dolón que parecía una concesión a los sindicatos. Ahora éstos no se libran de las críticas del primer edil, también cansado de la situación -dice que perdió el tiempo negociando-y expuesto en los medios de comunicación, que acusa a los agentes de defender «privilegios» y querer«estafar» a los vecinos. Ni de la actual concejala de Seguridad Agustina Esteve que casi como única defensa esgrime la plataforma de reivindicaciones económicas de los agentes.

En esa caja de Pandora, dice la mitología, se quedó encerrada la esperanza. Dentro de la «cajica» de la Policía torrevejense está la solución.

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