El Ayuntamiento de Orihuela ha comenzado a buscar un lugar donde verter a menor precio que el que fijan los vertederos de Villena o Xixona, donde van ahora sus desperdicios, lo que pasa inexorablemente por Elche -donde no lo prevé el Plan Zonal ni el gestor Cespa-Ortiz- o la Región de Murcia, según confirmó ayer el periódico en fuentes municipales. Sus 41.000 toneladas anuales suponen un coste de algo más de 39 euros por cada mil kilos de eliminación, a los que hay que sumar otros ocho euros por el transporte desde la planta de Abornasa en Crevillent, servicio que le permite en estos momentos no necesitar de una planta de transferencia y abaratar los costes.
Pero esta situación tiene un límite: tres meses, antes de septiembre tiene que buscarse la vida para eliminar los residuos con otro sistema porque en esa fecha, como máximo, Abornasa dejará de prestarle su labor acuciada por las quejas vecinales y el límite de toneladas de la autorización que le dispensa el Consell.
Orihuela es el único Ayuntamiento que ha plantado cara al Plan Zonal impuesto por el Consorcio -Diputación, Generalitat y municipios- y su alcalde, Monserrate Guillén (Los Verdes), no apoyó la solicitud de un informe externo para intentar que Cespa-Ortiz dejase de ser el adjudicatario de un proyecto que nadie sabe cuándo será una realidad.
Desde el Ayuntamiento mostraron ayer su malestar por el nulo apoyo que se le está prestando por parte del Consorcio desde que asumió en 2012 la gestión pública de los residuos. El hecho de que necesitara más de un año para decirle dónde debían verter sus residuos fue el primero de una serie de problemas que llevó al municipio a querer salirse del Consorcio y abrirle un pulso. Ahora se está buscando ya otro lugar pero se precisa de las autorizaciones de la Generalitat o del Consorcio, además de no saber nadie si Cespa-Ortiz, que ejerce ya como gestor, tiene algo que decir. Lo único que tiene claro el equipo de gobierno es que quiere abaratar un coste que se le dispara desde que Proambiente le cerró las puertas.
