El gerente del mercadillo El Olivo, Bouzza Amal, ha reclamado al Ayuntamiento de Catral 1.102.825, 52 euros de indemnización por decretar el cierre de las instalaciones hace algo más de un año y por los gastos ocasionados en adecuar el recinto, que se encuentra en una finca rústica del término municipal, para una actividad comercial de venta ambulante que hoy no puede realizar.
El escrito para reclamar dicha cuantía fue presentado el 28 de mayo en el consistorio catralense a través de un abogado del empresario y detalla que se trata de una «reclamación en materia de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la lesión sufrida por los correspondientes gastos ejecutados».
El equipo de gobierno tripartito que gestiona el Ayuntamiento de Catral (Socialistas de Catral, Alternativa por Catral y PSOE) prohibió que la actividad continuara y decretó el cierre de las instalaciones al considerar que el propietario no disponía de licencia de actividad ni licencia ambiental ni el visto bueno de la Conselleria del área, además de contar con varios expedientes abiertos por la Guardia Civil en el mismo sentido.
El alcalde de Catral, Pedro Zaplana, adelantó a este diario que la administración local no aceptará pagar ni un euro en concepto de indemnización a la empresa que explotaba el mercadillo al estimar que nunca contó con los permisos necesarios para desarrollar la actividad y, por tanto, se encontraba en una situación irregular que el Ayuntamiento no podía tolerar que continuara.
Zaplana mantiene que fue su antecesor en el cargo, Aurelio Albero (PP), quien, de alguna forma, «engañó» al gerente del mercadillo permitiéndole iniciar la actividad de venta ambulante sin obtener previamente los permisos necesarios y haciendo la vista gorda puesto que, según asegura, se le abrieron varios expedientes que siempre se dejaban caducar sin interponer ningún tipo de sanción ni adoptar medidas.
Plan especial
Cabe recordar que el exalcalde popular llevó a pleno en noviembre de 2011 la aprobación de un plan especial para permitir la actividad del mercadillo en una finca rústica y dicha propuesta salió aprobada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Pero el PSOE presentó un recurso al estimar que faltaba documentación y que esa aprobación debía ser revisada. En febrero del siguiente año el pleno acabó declarando nulo dicho plan especial. Pero lo cierto es que la actividad de venta ambulante se había puesto en marcha incluso antes de que los socialistas lo recurrieran, es decir, una vez que había sido aprobado en pleno de forma inicial el plan especial pero sin esperar a que pasara el periodo de alegaciones ni a obtener todas las licencias necesarias.
«No le hemos causado ningún prejuicio porque el mercadillo se abrió sin contar con todos los permisos pertinentes. Cuando llegamos al gobierno era un negocio que estaba funcionando dos años de forma ilegal. Aurelio Albero le creó falsas expectativas y ahora se siente engañado, pero eso no es culpa nuestra», concluyó Zaplana. El alcalde admitió que el gerente del mercadillo podría interponer ahora un recurso contencioso-administrativo para reclamar dicha cantidad en los tribunales. Y eso es lo que probablemente acabará haciendo.
