Que los policías locales muestren su torso desnudo en el pleno, sin que el alcalde Eduardo Dolón (PP), ni la edil de Seguridad, Agustina Esteve, lo pudieran controlar no parece haber gustado al equipo de gobierno, ni al intendente de la Policía Local Vicente Gutiérrez. Con el visto bueno del alcalde, que es el máximo responsable de la Policía Local, este mando ha abierto un expediente sancionador al agente y representante de Comisiones Obreras que lleva la voz cantante en las manifestaciones que protagonizan los policías desde hace meses en cada sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento. Gutiérrez ha informado a la Subdelegación del Gobierno de que los criterios por los que se autorizó la última de estas protestas, el 25 de abril, no fue respetado por los agentes y ésta se desarrolló de forma irregular. El expediente, que no es el único que la jefatura ha abierto a los agentes por protagonizar manifestaciones que se han salido del guión, podría conllevar una sanción de entre 600 a 3.000 euros. Los policías vuelven de nuevo mañana al Ayuntamiento.

Estos policías llevan meses reclamando un proceso de negociación de las condiciones laborales que la plantilla ha perdido en los últimos años a raíz de los recortes, además de reclamar acabar con el «caos» organizativo, que hasta parte de la cúpula de mandos reconoce abiertamente que impera en el colectivo policial, sin que la edil de Seguridad lo haya podido atajar. Además de estas protestas los agentes llevan a cabo una especie de huelga de celo por la que hacen cumplir a rajatabla el régimen sancionador de las ordenanzas municipales.

Dolón, no ha respondido a la petición rubricada por más de la mitad de los agentes de una plantilla de 170 que reclaman el cese del intendente principal. El alcalde tampoco ha decidido actuar ante las peticiones de los sindicatos mayoritarios para que se abra expediente sancionador al intendente -el segundo en la escala de mando-, a dos inspectores y un oficial, acusados de torturas a un detenido, que se enfrentan a penas de prisión y con juicio señalado para enero de 2015.