El sector de la hostelería y el comercio no contará con una nueva ordenanza de ocupación de vía pública que actualice el anacrónico texto actual, vigente desde 2003 y que ha generado una lluvia de sanciones, más de un centenar, por la Policía Local. La misma prohíbe instalaciones fijas de toldos, tarimas, marquesinas y paravientos en zonas que no sean peatonales, y en éstas sólo con autorización previa por escrito. Los policías regresan a los mismos locales sancionados y ordenan además la retirada de esas instalaciones, tal y como les exige el artículo 17, aunque en la práctica no se están llevando a cabo por falta de medios e instrucciones de la Jefatura para llevar a cabo esos trabajos.
La concejala de Policía Local, Agustina Esteve (PP), explicó a este diario que la redacción de la nueva ordenanza no es competencia de su área, aunque son buena parte de los agentes que dirige los que multan. La edil explicó que es tarea del área de Ocupación de Vía Pública con Eduardo Gil Rebollo (PP) al frente. Este diario preguntó a Gil Rebollo sobre los trabajos para actualizar y renovar el texto de acuerdo con la realidad en la calle. El concejal dijo que se está trabajando pero que «no sabe» cuándo podrá llevarse a pleno su aprobación inicial y luego definitiva. Desde el punto de vista de los plazos, ni tan siquiera presentándola ahora estaría a tiempo para el verano, dado que la tramitación administrativa del texto exige una exposición al público y periodo de alegaciones tras su aprobación. El edil dijo que «no sabe» si el Ayuntamiento va a tramitar la retirada de las terrazas y aseguró que no tiene constancia de que algunos hosteleros hayan pagado tasas para instalar esos paravientos y toldos mediante un proyecto de licencia de obra menor en la zona de ocupación que ya han pagado y dio a entender que tampoco bajo esa fórmula se pueden permitir.
Extraoficialmente el equipo de gobierno intenta tranquilizar a los afectados asegurando que el resultado administrativo final de las multas será una sanción simbólica. La mayoría de las impuestas son de 300 euros. Lo que no se contempla es que se archiven puesto que se incumpliría de forma evidente la normativa municipal. La falta de coordinación entre concejalías es evidente, además porque el área de Comercio, también con Esteve como responsable, presentó en 2011 un borrador de ordenanza para que los comercios también puedan sacar a la calle su género para la venta. Actualmente la norma solo permite la venta de libros y prensa, aunque muchos locales se saltan esa limitación ingresando tasas, que el municipio acepta, en concepto de ocupación de sillas y mesas -en realidad están vendiendo prendas de vestir u objetos playeros, entre otros-.
La norma y la realidad
Los agentes que han sancionado a los hosteleros -todavía lo seguían haciendo hace unos días en locales a escasos metros del Ayuntamiento- habían sido permisivos a la hora de hacer cumplir la normativa, conscientes de que los negocios lo único que han hecho es adaptar sus locales a la demanda. Y considerando además una ordenanza desfasada y muy restrictiva, que incluso dispone el modelo de sillas, mesas y sombrillas que hay que instalar -algo que no se ha modificado desde 2003 y que ninguno de las docenas de locales con ocupación de vía pública cumple actualmente-.
Una ordenanza que además, como ha podido comprobar este diario, obligaba y obliga en la actualidad a los empresarios «a pedir el favor» a los técnicos y políticos responsables de turno para no ser sancionados. Visto bueno que nunca queda por escrito, según las mismas fuentes.
Estos policías, que suman en torno a la mitad de la plantilla de 170 agentes, comenzaron a aplicar el régimen sancionador de ésta y otras ordenanzas, como la de tráfico, hace unos meses tras pedirle al alcalde que se sentara a negociar la recuperación de condiciones laborales que han perdido con los recortes. Recibieron como respuesta por parte del primer edil que lo que debían hacer era «trabajar». La edil de Policía anunció la apertura de una investigación a raíz del celo sancionador de los policías y animó a los afectados a recurrir.
