Las reacciones no tardaron en llegar ayer. Vecinos y partidos de la oposición se mostraron ayer en contra de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz, adjudicataria del Plan Zonal de la Vega Baja, siga adelante con la construcción del macrovertedero comarcal en la sierra de Albatera así como de la instalación de la planta de transferencia en la localidad de Cox. Mientras la asociación «Albatera No al Vertedero» visitó las zonas donde están previstas las instalaciones para informar a los vecinos de «la atrocidad medioambiental» que pueden provocar, el grupo socialista de Albatera anunció que va a pedir la documentación que la UTE registró sobre el proyecto del macrovertedero en el Ayuntamiento «para saber qué pode. Vamos a estar alerta para ver todos los pasos que dan tanto la empresa como el Ayuntamiento».
La plataforma vecinal que fue la que dio a conocer la noticia de que Cespa-Ortiz sigue adelante con la puesta en marcha Plan Zonal, aprovechó la jornada para hacer junto a los colectivos de Vertivega y «Granja-Cox No al Vertedero de Tránsito» una visita tanto por el vertedero de la Murada como por las zonas deportivas y el colegio donde está prevista la instalación de la planta de tránsito así como los terrenos donde se pretende construir el macrovertedero junto a la rambla salada. Para la plataforma la situación «es muy crítica» porque aunque el Consorcio de Residuos de la Vega Baja solicitó a la Universidad Carlos III un informe para valorar la rescisión del contrato con la UTE por los supuestos incumplimientos, «el director de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, dijo que no era vinculante y que la última palabra la tiene la Conselleria». De esta forma desde «Albatera No al Vertedero» piden la colaboración a los vecinos para mostrar la oposición de la ciudadanía a estas instalaciones «que presuntamente están manchadas de corrupción y están siendo investigadas en los tribunales» y que se anule el plan zonal para iniciar uno nuevo «en el que se tenga en cuenta a los colectivos vecinales».
Por su parte, los socialistas mostraron su malestar porque el equipo de gobierno popular no informase del registro en el Ayuntamiento el proyecto inicial de Cespa-Ortiz. La portavoz Araceli Martínez dijo que «la oposición también es ayuntamiento y lo que no puede hacer el alcalde Federico Berná es ningunearnos y ni siquiera avisarnos de que la empresa había presentado toda la documentación del vertedero». En este sentido aseguró que van a pedir explicaciones tanto al primer edil como al Consorcio de Residuos porque no entienden como a la espera de un informe sobre la posible rescisión del contrato, «la empresa solicita permisos municipales previos al comienzo de las obras».
Más críticas
Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà consideró que mientras que la Diputación de Alicante y la Conselleria de Medio Ambiente «juegan al despiste, vemos como la adjudicataria sigue adelante» por lo que anunció que su partido va a preguntar a la Conselleria de Medio Ambiente si piensa solicitar el informe que avale la ruptura del contrato» a lo que añadió que también pedirá explicaciones sobre en qué estado se encuentra el informe que pidió el Consorcio, «del que el Gobierno valenciano es miembro, por mucho que quiera desentenderse cuando le hacemos preguntas al respecto». Para Mollà esto se soluciona con «voluntad política pero no hay ninguna de las dos administraciones implicadas la tiene». Por esta razón solicitó que se anule el Plan Zonal «que atenta directamente contra el medio ambiente y la salud humana».
