La sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, ha fijado la vista oral para juzgar a ocho policías y un exedil por el denominado «caso de las torturas» en enero de 2015, casi 9 años después de que se produjeran los hechos, en junio de 2006. El juzgado los acusa de supuestas torturas a dos detenidos -arrestados cuando asaltaban la casa de un mando de la policía-, y del intento posterior de ocultar lo sucedido.
El nuevo señalamiento se ha producido tras aplazarse la fecha designada inicialmente para el juicio, que iba a celebrarse durante la primera semana de este mes de mayo. La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación penas de cárcel que suman 24 años para cinco agentes, además de penas de inhabilitación para otros tres agentes y el entonces concejal de Policía del Ayuntamiento de Torrevieja. Entre los acusados figuran cuatro mandos que continúan actualmente desempeñando sus funciones en el seno de la Policía local.
Según queda reflejado en la investigación y el escrito del Ministerio Público, las torturas se produjeron tras un robo frustrado protagonizado por Luis Carlos C.R. y su novia Vilma L., en la citada vivienda de uno de los mandos de la Policía Local. Este inspector, C.M.I., recibió una llamada de su mujer el 23 de junio de 2006, sobre las diez de la mañana, alertándole de que estaban intentando entrar a robar en la vivienda. El policía, que se encontraba de servicio en ese momento, sorprendió a Luis Carlos y Vilma L. huyendo de la zona, tras lo cual salió en persecución de ambos. Dando alcance a la mujer «comenzó a insultarla (...) propinándole un guantazo y una patada al tiempo que por el radio teléfono pedía refuerzos». Personadas dos patrullas en el lugar de los hechos, una condujo a la mujer a dependencias policiales mientras la segunda encontró al sospechoso en las cercanías en el interior de un vehículo, donde hallaron, además, algunas fotos de la mujer descubriendo una relación entre ambos, procediendo a trasladarlo igualmente a las dependencias policiales.
Confesión e intervención
En su escrito de acusación el Fiscal indica que tras las primeras agresiones en los vehículos policiales durante el trayecto, en el retén policial tuvieron lugar las supuestas torturas. Al detenido, de origen sudamericano, le llegó un policía a sacar la pistola, «amenazándolo con matarlo», mientras «comenzaron a golpearlo, propinándole varias patadas». En la otra habitación donde se encontraba la mujer, según el Fiscal, otros agentes «intentaban que confesara su participación en el delito diciéndole "tienes que pagar tú, hija de puta o quien sea, te has metido conmigo y yo soy quien manda aquí"», amenazándola con que «les iba a quitar el hijo» y «que la iba a violar» y propinándole bofetadas mientras el agente le profería expresiones como «sácamelo y chúpamelo, hija de perra».
La investigación, apuntalada en los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil en el transcurso de otra investigación a un agente de la Policía Local y que la defensa de los agentes cuestiona por no estar autorizada expresamente, no ha logrado identificar a uno de los seis policías que intervino en esos interrogatorios. Según el informe judicial, el detenido Luis Carlos C. «permaneció durante varias horas soportando el dolor producido por las lesiones que le habían causado» los policías. Entre otras lesiones un traumatismo costal izquierdo con fractura de dos costillas. La mujer, según el informe médico, sufrió «erosión en cara externa del tobillo derecho».
El fiscal relata que horas más tarde uno de los mandos llamó al entonces concejal de Seguridad, también acusado en el procedimiento, diciéndole : «el tío lleva dos costillas rotas y no sé si llevara alguna cosa más». Viendo el parte facultativo hecho al detenido, según el fiscal, se ordenó entonces que el arrestado «no se entregase a la Guardia Civil» supuestamente para rehacer el atestado policial e incluir que había sufrido lesiones en una caída accidental por unas escaleras o que había opuesto resistencia. Del episodio tuvo constancia el máximo responsable policial de la plantilla en aquel momento, A.M.B, al que otro agente llamó por el móvil, tres días después de los hechos, asegurando que el detenido «estaba reventado», sin que interviniera, según asegura el Fiscal, y comunicando al juzgado que las imágenes del sistema de videovigilancia de las dependencias policiales no estaban disponibles al haber sido eliminadas por el sistema de autoborrado. Las intervenciones telefónicas sostienen que los acusados podrían haber borrado el disco duro que contenía esas imágenes.
