Los servicios urbanísticos han calculado que derribar las 200 obras ilegales con orden de ejecución en firme que hay en el término municipal, sobre todo ampliaciones de viviendas residenciales, costaría casi un millón de euros a lo largo de cuatro años. Es la estimación que contemplan los pliegos de condiciones de los contratos para adjudicar a una empresa estas demoliciones. Son derribos que no asumen los sancionados y que tras su ejecución de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento se repercutirían al infractor. En concreto, los técnicos aseguran que el municipio necesitaría invertir 212.000 euros cada anualidad en la ejecución de «las obras de restauración de la legalidad urbanística», los derribos, y otros 30.000 anuales, en la contratación de los servicios de arquitectura necesarios para llevar a cabo esas demoliciones, como la elaboración de la documentación técnica necesaria o la dirección facultativa. En total, la factura ascendería a 968.000 euros en cuatro años.
No se trata de un procedimiento de adjudicación sencillo. De ello da cuenta que la orden para comenzar a tramitar este expediente, realizada por el concejal Francisco Moreno, data del 13 de noviembre de 2007. Se van a cumplir casi siete años y lo más probable es que el contrato, con nuevas modificaciones, no pueda ser una realidad hasta 2015. El último trámite realizado ha sido modificar el objeto del servicio, incluyendo esa estimación de gasto. El expediente se puso en marcha en 2007 y ha estado estancado mucho tiempo; sobre todo, ante la dificultad técnica de establecer ese gasto. El primer borrador del pliego de condiciones solo apareció redactado en octubre de 2012 y volvió a retomarse, con nuevas indicaciones por parte de la intervención y de un arquitecto, en junio de 2013.
Quince años
Cada vez que los servicios municipales detectan una obra sin licencia y que no es legalizable, según la normativa urbanística, se abre un complejo y lento procedimiento administrativo para reclamar al infractor la restauración de la legalidad, que contempla periodos de alegaciones y su resolución, entre otros. La última fase de esos expedientes pasa por la imposición de multas coercitivas que obliguen al sancionado a asumir la demolición. En algunos casos, los menos, estos actúan y evitan las multas. Cuando no es así el Ayuntamiento termina por ordenar la demolición. Tampoco en esta fase muchos infractores suelen atender a razones por lo que la ley dispone que debe ser la administración local la que restaure la legalidad, para tratar después de cargar el coste a los infractores.
En la mayoría de casos los expedientes se refieren a ampliaciones de viviendas, con nuevas estancias, terrazas y porches en residenciales adosados o unifamiliares. Uno de los argumentos municipales para excusar su falta de acción en esta materia durante años, junto a la falta de medios o la complejidad de la tramitación, ante el Defensor del Pueblo, los vecinos y la oposición es que las órdenes de demolición prescriben tras cinco años. El Defensor del Pueblo aclara que el Ayuntamiento computa de forma errónea el plazos y que es de 15 años.
