El Defensor del Pueblo lleva años recordando al Ayuntamiento la obligatoriedad de hacer cumplir sus propias órdenes de ejecución de demoliciones de obras ilegales de forma subsidiara y si los infractores no las atienden ante las quejas de los vecinos afectados por las consecuencias de este tipo de obras. El municipio se ha defendido asegurando que no contaba con medios para abordar los derribos, no solo desde el punto de vista técnico, también por el complejo proceso posterior de cobrar el importe a los responsables de las ilegalidades.
Ante ese argumento de falta de capacidad, el Defensor del Pueblo ha recordado al Ayuntamiento la posibilidad de pedir a la Generalitat que asuma estas competencias urbanísticas. Algo que Urbanismo descartó pese a que el PSOE llegó realizar formalmente una solicitud a la Generalitat para que asumiera las tesis del Defensor del Pueblo. La administración autonómica rechazó esa instancia. La puesta en marcha del contrato ha sido el principal argumento esgrimido por el edil de Urbanismo Francisco Moreno a la hora de defenderse de esos informes del Defensor del Pueblo y de las acusaciones de la oposición de supuesta pasividad municipal. D. P.
