La Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria del Plan Zonal de la Vega Baja, Cespa-Ortiz, registró el miércoles en el Ayuntamiento de Albatera el proyecto inicial sobre dónde prevé construir las instalaciones que conformarán el macrovertedero comarcal, proyectado en la Sierra del municipio y que asumirá 247.000 toneladas cada año. Con la presentación de esta documentación la concesionaria persigue obtener la compatibilidad urbanística, lo que en definitiva es corroborar que su proyecto se ajusta al planeamiento urbanístico del municipio, un requisito previo para poder solicitar después la licencia de actividad y la licencia de obras. Esta información la hizo pública ayer la plataforma vecinal «Albatera, No al vertedero», que alertó a los vecinos que la ejecución del proyecto «sigue avanzando» y llamó a la ciudadanía a movilizarse «para que no se deje engañar» porque «es la única vía para impedir la instalación de un modelo perjudicial para todos».
El alcalde de Albatera, Federico Berná (PP), corroboró ayer que esa documentación ha sido presentada en la administración local y que se compone de un proyecto de más de 60 páginas que tendrá que ser evaluado por sus técnicos, que se apoyarán en el servicio jurídico municipal antes de proceder a contestar.
Berná dijo que desde el equipo de gobierno harán «todo lo que esté en nuestra mano para que, amparándonos en la legalidad, podamos denegar el certificado urbanístico previo a la aprobación del proyecto de actividad». Por su parte, la plataforma vecinal añadió que el mismo documento había sido registrado en Cox, puesto que es en ese término municipal donde se pretende ubicar una planta de transferencia de basura, en el polígono Virgen del Carmen. A este respecto, el primer edil cojense, Carmelo Rives, negó ayer que haya llegado documentación de este tipo, aunque otras fuentes municipales señalaron que la misma se recibió hace un mes y medio.
En cualquier caso, el colectivo vecinal albaterense que lucha en contra de la ejecución de este proyecto al considerar que está salpicado por el caso Brugal, que la adjudicación estuvo plagada de irregularidades y que la puesta en marcha de un vertedero hipotecaría el futuro del municipio, insistió ayer en que la batalla no está ganada y que el proceso sigue avanzando.
Incumplimientos
Así, valoraron que el informe que ha pedido el Consorcio de Residuos de la Vega Baja a la Universidad Carlos III para valorar la rescisión del contrato con Cespa-Ortiz por los supuestos incumplimientos del adjudicatario es una «mera estrategia de distracción» porque, según mantienen, ha quedado acreditado que los trámites siguen adelante y que solo la Generalitat podría pedir un informe que avale la ruptura del contrato. El estudio encargado por el Consorcio no se conocerá hasta después de las elecciones europeas.
Desde la plataforma apuntaron igualmente que las modificaciones del PGOU que aprobaron Albatera y Cox para evitar las instalaciones de residuos no sirven para nada porque no han sido aprobadas por Conselleria. A este respecto, Berná dijo que el trámite todavía está en fase interna, puesto que la propia UTE presentó un recurso, y que cuando culmine se enviará al Consell para que lo valide.
