La alcaldesa de Bigastro, Charo Bañuls (PP), ratificó ayer la denuncia interpuesta desde el Ayuntamiento contra los dos exalcaldes socialistas, José Joaquín Moya y Raúl Valerio Medina, por las supuestas irregularidades en la devolución del aval de 30.000 euros que aportó la empresa adjudicataria del camping La Pedrera y que se le devolvieron antes de que expirara la concesión sin contar con ningún expediente administrativo que avalase dicha operación. El juzgado ha abierto diligencias por este caso por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude y exacciones legales contra los dos alcaldes y dos técnicos.
Además de la regidora, declararon en calidad de testigos el concejal de Hacienda, Antonio González, y la secretaria. La regidora Bañuls mantuvo que los dos avales, de 15.000 euros cada uno, se devolvieron el 31 de julio de 2006 y el 26 de febrero de 2008, según las justificaciones registradas en el Ayuntamiento. Según el escrito de denuncia, en el momento que se efectuó la segunda devolución, Raúl Valerio Medina ostentaba el cargo de tesorero. La alcaldesa admitió que la entidad bancaria que custodiaba el aval aportó documentación que indicaba que se devolvió el 27 de febrero de 2007, por lo que instó a que se aclarase ese baile de fechas.
Ese último dato fue precisamente la línea de defensa del abogado de Medina, quien en los próximos días registrará un escrito solicitando el archivo de la causa y su sobreseimiento.