El juzgado de instrucción 3 de Orihuela investiga a los dos exalcaldes socialistas de Bigastro, José Joaquín Moya y Raúl Valerio Medina, y también a dos técnicos por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude y exacciones legales relacionados con el contrato de explotación del camping La Pedrera. Según los hechos denunciados por el propio Ayuntamiento, durante la etapa de gobierno socialista se autorizó la devolución de los 30.000 euros que el adjudicatario de las instalaciones había depositado como aval en las cuentas municipales antes de que concluyera el periodo de concesión. Además, ha trascendido que la administración local nunca cobró al concesionario el canon anual que este tenía que haber abonado entre 2002 y 2011.

La investigación judicial que ha dado lugar a la apertura de diligencias previas por el juez se inició a raíz de una denuncia presentada por la administración local. Como resultado de las elecciones de 2011, la Alcaldía de Bigastro pasó a manos del Partido Popular liderado por Charo Bañuls. La regidora se percató de que el adjudicatario del camping, la empresa Willier 2002 SL, que se hizo con la concesión del camping en 2002, no había abonado el canon de 6.000 euros que se exigía en el contrato. El gobierno local inició entonces un expediente de resolución de la concesión y se dispuso a incautar el aval que la mercantil depositó cuando se adjudicó la explotación de las instalaciones. La sorpresa fue que ese dinero ya no estaba en las cuentas del Ayuntamiento porque alguien autorizó que se le devolvieran al contratista en dos operaciones: una el 31 de julio de 2006, por importe de 15.025,30 euros; y otra el 26 de febrero de 2008, por valor de 15.025,31 euros el 26 de febrero de 2008, siempre según la denuncia del Ayuntamiento, presentada ante la Fiscalía de Elche en octubre de 2013. En este escrito se pone de manifiesto que «no consta la existencia de ningún expediente administrativo que autorizara la devolución de los avales, ni tampoco resolución o acuerdo municipal que autorizase su devolución o cancelación». De igual modo, se señala que «no existen informes de la Intervención municipal que validen las devoluciones y cancelaciones de los avales constituidos por la mercantil por el que entonces era el interventor, A. S.», quien está siendo investigado.

Antes de registrar la denuncia, los hechos fueron puestos en conocimiento de Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana para exponerle la situación, y éste organismo conminó a los responsables municipales a registrar la denuncia en Fiscalía.

Como resultado del escrito de denuncia dirigido contra Moya, Medina, y los que fueran secretario y tesorera en el momento en que se produjeron los hechos, el fiscal determinó que habían indicios de delito continuado de malversación de caudales públicos, delito continuado de prevaricación y fraude y exacciones legales. Por este motivo, el juez ha imputado al responsable de la mercantil que se adjudicó el camping, J.C.M., y ha citado a declarar hoy como testigos al concejal de Hacienda, Antonio González, a la alcaldesa y a la actual secretaria de la corporación.