La titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela (antiguo mixto 3) considera que existen indicios de un delito contra la ordenación del territorio, otro de prevaricación y un tercero de falsedad documental en la actuación del exalcalde de Bigastro José Joaquín Moya (PSOE), de tres técnicos y de un empresario por la construcción de cuatro naves industriales en una zona verde de uso público en el polígono industrial municipal. La magistrada acuerda el sobreseimiento de la causa contra otras dos personas ligadas a actividades mercantiles. En el auto, que pone fin a las diligencias previas, se solicita a todas las partes y al Ministerio Fiscal que procedan a calificar los hechos antes de valorar sobre la apertura de juicio oral.

Las actuaciones que se investigan se remontan a diciembre de 2004 cuando el Ayuntamiento acordó recalificar en una zona verde de 1.026 metros cuadrados del área industrial para que se pudieran construir naves y sin el visto bueno de la Generalitat, según el auto. El municipio permutó esa parcela por un local comercial en la calle Purísima. El acuerdo contemplaba que la administración local pagaría además 132.000 euros. Y así se hizo. El local comercial acabó siendo arrendado con opción a compra a una empresa. En la parcela verde se construyeron cuatro naves, aunque en la documentación municipal se refleja que estos inmuebles estaban ubicados en una parcela anexa que sí estaba destinada a suelo industrial. Finalmente las naves fueron vendidas a terceros por la empresa que adquirió los terrenos y «por un valor que supera ampliamente los gastos de compra y de construcción», según la juez.

La magistrada estima que Moya era «consciente y conocedor» de lo que se estaba haciendo; que el secretario, A.S.M., dirigió en parte todo el proceso, «presionó» a una técnico en el sentido de sus informes y le dijo a los ediles lo que tenían que votar para ejecutar la operación; y que la técnico M.J.F. también era «conocedora» de los hechos. Sostiene la juez que el empresario que levantó las naves estaba al tanto de la ilegalidad mientras que un técnico certificaba que los inmuebles se ubicaban en suelo industrial, cuando no era así.