La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias indagatorias por dos denuncias presentadas por el grupo de Renovación al detectar indicios de la posible comisión de los delitos de cohecho y prevaricación en la gestión del hasta ahora alcalde de Dolores, Gabriel Gascón (PP). Por un lado, se indaga su supuesta permisividad con respecto a la construcción ilegal de un restaurante en una zona verde donde se autorizó la puesta en marcha de un simple kiosko, una situación que el Ayuntamiento no solo no ha sancionado sino que ha permitido que la actividad continúe durante tres años y medio sin cobrar si quiera al adjudicatario el canon que establece el pliego de condiciones que rige la concesión. Por otro lado, examina la adjudicación del 65% del suministro eléctrico público a una empresa privada de forma fraccionada en al menos una veintena de contratos para eludir supuestamente las bases de contratación de las administraciones públicas. Ambas denuncias fueron formalizadas ayer, un día antes de que Gascón pierda la Alcaldía por la moción de censura firmada entre socialistas e independientes.
Con respecto al caso del restaurante, la concesión administrativa por una década se otorgo el 15 de junio de 2008 a José Francisco Gascón Ruiz, primo segundo del alcalde, para construir un kiosko de 44 metros cuadrados en el parque de La Alameda, por el que pagaría un canon de 1.080 euros anuales. Pues bien, el concesionario levantó el establecimiento y poco después decidió ampliarlo y convertirlo en un bar de casi 110 metros. El 5 de junio de 2009 el alcalde firmó un decreto ordenando la paralización de las obras al estar siendo ejecutadas sin licencia. Se abrió entonces un expediente, pero acabó olvidado en el fondo de un cajón, según la oposición.
El 29 de enero de 2010 el interesado pidió licencia de obra mayor al Ayuntamiento para tratar de legalizar las obras, pero no se admitió al carecer de licencia ambiental, según la documentación que obra en poder de este periódico. El 1 de octubre de 2010, el concesionario admitió al Ayuntamiento que había ampliado el establecimiento en 62,5 metros cuadrados para habilitar una cocina de leña, aseos, un almacén y zona de mesas. En marzo de 2011 la edil de Renovación Mariola Rodríguez registró un escrito alertando que el «kiosko» no cumplía con las condiciones y que se estaba destinando a restaurante por lo que instó al equipo de gobierno a resolver la concesión. Nadie hizo caso y solo se abrió un «trámite de información reservada» para valorar la situación. Renovación denunció entonces la situación a través de este diario, pero el Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada hasta hoy y a pesar de que el arquitecto municipal firmó un informe alertando que «el referido kiosko no se ajusta al proyecto básico y de ejecución» autorizado por el Ayuntamiento.
A todo este respecto, Renovación denuncia además que el familiar del alcalde y adjudicatario de la concesión ni siquiera ha pagado los 1.080 euros de canon anual, no hizo caso del decreto de Alcaldía que ordenaba la suspensión de las obras de ampliación y, mientras tanto, la administración dirigida por Gascón ha estado mirando hacia otro lado, critica. Renovación estima que el concesionario del supuesto kiosko adeuda al Ayuntamiento 12.068,67 euros.
Propuesta
Una de las curiosidades de este caso es que el día 10 de abril de este año, el gerente del negocio en el parque La Alameda envió un escrito al Ayuntamiento admitiendo que la ampliación del establecimiento fue ilegal y proponiendo que la administración local se quede con los elementos construidos de forma irregular, pero exigiendo que le abonen lo que le costó.
En la segunda denuncia relativa al caso de las empresas suministradoras de la energía eléctrica, Renovación mantiene que Gabriel Gascón firmó el 22 de diciembre de 2010 un contrato con una importante mercantil para adjudicarle el 65% del volumen de la electricidad que se consume en el alumbrado público y edificios municipales. Según ha expuesto ante la Fiscalía, el regidor firmó múltiples contratos con esta sociedad para fraccionar el servicio y eludir el proceso de concurso público que exige la legislación para importes superiores a 18.000 euros.
Entre 2011 y 2013 esta empresa ha facturado al Ayuntamiento más de 371.000 euros en detrimento de otras cuatro que hasta 2010 trabajan para el consistorio y que vieron reducido su margen. La oposición apunta que solicitó al Ayuntamiento el expediente de contratación con esta empresa y no existe.
Casualmente, el marido de la primera teniente de alcalde, Rosa Ferri (PP), es propietario de un local destinado a estanco que, según la publicidad de su fachada, es igualmente distribuidor oficial de esta compañía eléctrica. Los ediles de Renovación puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción hace cerca de un mes y se les conminó a formalizar la denuncia registrada ayer porque existían indicios de delito y estaban en la obligación de denunciarlo.
